Destapan presunta red de corrupción en contratación del Parque de las Aguas durante alcaldía de Daniel Quintero
La Superintendencia de Industria y Comercio identificó un esquema para direccionar contratos a empresas preseleccionadas, al parecer, a través invitaciones privadas.
Yhonay Díaz
09:47 a. m.
Un presunto esquema de corrupción contractual habría desviado más de $15.748 millones en la contratación del Parque de las Aguas de Medellín durante 2021, en la administración de Daniel Quintero; así lo denunció Miller Soto, vocero de la Presidencia, tras la investigación realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre contratos administrados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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La Superintendencia de Industria y Comercio habría determinado que no se trató de errores administrativos aislados, sino de un mecanismo diseñado deliberadamente para eliminar la competencia y simular pluralidad de oferentes.
De acuerdo con el informe, los recursos se canalizaron a través de los contratos interadministrativos 288 y 961 de 2021 hacia Metroparques, una entidad que supuestamente carecía de la experiencia y capacidad necesarias para ejecutar los proyectos.
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Las empresas que habrían recibido invitaciones privadas
El esquema habría favorecido a tres empresas específicas mediante ocho invitaciones privadas: Comercializadora Jotapino SAS, Uno Soluciones SAS y Construamérica SAS.
La superintendencia detectó múltiples irregularidades en el proceso, incluyendo la invitación a proveedores sin capacidad real que funcionarían como pantalla:
La superintendencia no habla de un error de trámite ni de una falla aislada, habla de un mecanismo diseñado a propósito para eliminar la competencia.
Soto explicó que usar entidades públicas como intermediarias para evitar procesos competitivos y fabricar apariencia de pluralidad constituye corrupción contractual.
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El caso ha sido remitido a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para las investigaciones penales, disciplinarias y fiscales correspondientes.
Soto aclaró que los implicados tienen derecho a ejercer los recursos legales establecidos, señalando que "este gobierno no condena a nadie sin que se agoten los procesos".
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