Exgerente de EDU denuncia que hay rumores en su contra hechos por contratistas salpicados en presuntas estafas
Wilder Echavarría aseguró que los montajes buscan desviar la atención.
Noticias RCN
03:25 p. m.
Wilder Echavarría, exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU), rechazó los supuestos intentos de contratistas y empresarios, quienes están señalados de millonarias estafas inmobiliarias.
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El exgerente sostuvo que estas personas presuntamente estarían instrumentalizando a la justicia y opinión pública con montajes judiciales por encargo.
La denuncia del exgerente
Un nombre importante en este caso es Tomás Sierra, vinculado a un caso de estafa de inmobiliaria. Las investigaciones apuntan que la empresa habría defraudado a miles de familias por medio de falsas promesas de vivienda.
Además, la empresa fue intervenida por los rumores calificados como sin fundamento contra Echavarría. Los rumores habrían surgido con el fin de desviar la atención del caso inicial.
El exgerente de EDU interpuso una denuncia por injuria y calumnia, tipificados en el Código Penal y en fallos de la Corte Constitucional, los cuales han advertido que la libertad de expresión no protege acusaciones falsas ni montajes.
¿Cuáles son las supuestas estafas?
Esas denuncias son falsas, carecen de pruebas y buscan manipular la opinión pública. Lo que estamos viendo es una estrategia nacional de contratistas y empresarios cuestionados que pretenden silenciar la verdad y golpear la campaña de Daniel (Quintero) Presidente con montajes judiciales.
Echavarría también llamó la atención sobre el riesgo de captura institucional en Medellín, recordando que la exdirectora de la Fiscalía en esa ciudad hoy hace parte de la actual administración, lo que genera serios cuestionamientos sobre la independencia en el trámite de denuncias y procesos que podrían estar siendo usados con fines políticos.
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Por último, hizo un llamado a todo el país al advertir que la justicia no puede ser un arma al servicio de intereses privados ni electorales, que los montajes judiciales no pueden sustituir el debate democrático, y que las familias víctimas de estafas inmobiliarias merecen verdad y reparación, no más estrategias de humo diseñadas para proteger a los responsables.
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