Exgobernador del Amazonas es condenado a 15 años de prisión e inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas
De acuerdo con la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema los recursos utilizados en favorecer a privados podrían haberse destinado a programas de agua potable y alimentación escolar.
Noticias RCN
07:31 p. m.
El exgobernador del Amazonas, entre junio del 2016 y abril del 2018, César Antonio Lugo fue hallado culpable de 38 cargos en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
El alto tribunal concluyó que Lugo favoreció sus intereses personales sobre el patrimonio colectivo y decidió condenarlo por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, peculado culposo, cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
“De acuerdo a la investigación”, se lee en el pronunciamiento de la Corte, “en varios procesos contractuales que adelantó la gobernación del Amazonas, el sentenciado transgredió normas y principios previstos en la Ley 80 de 1993, aceptó dádivas y promesas remuneratorias a cambio de adjudicar y favorecer contratistas, y falseó documentos para justificar la adquisición de bienes y servicios para el departamento, afectando sus finanzas y la gestión administrativa”.
¿A qué se enfrenta Lugo tras el fallo del alto tribunal?
La sala decidió condenar al exgobernador a 191 meses y 16 días de prisión. Además, negó la suspensión condicional de su pena en centro carcelario y la opción de prisión domiciliaria, aunque, requirió al Inpec para que preste la atención en salud que pueda requerir por su condición médica.
Pero no es todo. Lugo tendrá que pagar una multa de 1479 salarios mínimos legales mensuales vigentes y fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
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Patrimonio del Estado se vio comprometido en más de 5.000 millones:
Según la sala, “la mecánica empleada para ejecutar los actos ilícitos pone en evidencia un desconocimiento explícito de los principios de planeación, legalidad y responsabilidad fiscal; la suscripción de actos administrativos sin el soporte normativo y presupuestal debido, la emisión de documentos que simulaban una correspondencia con la normativa vigente y la omisión deliberada de controles esenciales constituyen un apartamiento estructural del ordenamiento jurídico, incompatible con la función pública”.
Las actuaciones de Lugo en la Gobernación habrían afectado el patrimonio del Estado colombiano en más de 5.000 millones de pesos, al desviar recursos, que destinados a las necesidades de los habitantes del departamento, para favorecer sus intereses privados, aun cuando el dinero podría haberse utilizado en programas de agua potable y alimentación escolar.
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