Experto advierte: decreto para convocar consulta popular podría ser ilegal y constituir prevaricato
Alfonso Portela, exfuncionario de la Registraduría, explica por qué la decisión del gobierno de convocar una consulta popular vía decreto podría violar la Constitución y la ley.
Noticias RCN
07:23 a. m.
El Gobierno Nacional se encuentra en el centro de una controversia legal tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular mediante decreto, desafiando la decisión previa del Senado. Alfonso Portela, experto en procesos electorales y exfuncionario de la Registraduría Nacional, advierte que esta acción podría ser inconstitucional e ilegal.
"Es totalmente contrario a la Constitución y a la ley", afirma Portela, explicando que la consulta tiene un protocolo establecido que incluye la aprobación del Senado. "El gobierno la presentó al Senado de la República, quien debía pronunciarse sobre la conveniencia de la convocatoria. Así lo hizo el 13 y 14 de mayo, donde hubo una votación que negó esa viabilidad".
¿Se puede convocar una consulta popular tras la decisión del Senado?
Según el experto, al emitir un decreto sin cumplir este requisito, el documento estaría viciado y probablemente enfrentaría una suspensión provisional seguida de una eventual nulidad. Portela advierte que la Registraduría Nacional del Estado Civil no debería establecer un calendario electoral, ya que el decreto no cumple con los requisitos legales.
El experto señala que existen dos escenarios en juego. Aunque el gobierno argumenta que el trámite en el Senado está viciado y es inconstitucional, Portela sostiene que debe ser una autoridad competente quien tome esa decisión. "No es el Gobierno quien debe asumir esa postura y decretar que el trámite en el Senado fue viciado", afirma.
¿Prevaricato? Esto advierte Alfonso Portela
Más preocupante aún, Portela sugiere que si el gobierno procede con el decreto sin una decisión judicial previa, el presidente y sus ministros podrían estar incurriendo en prevaricato. Asimismo, advierte que el registrador nacional también podría enfrentar acusaciones similares si establece un calendario electoral sin el concepto favorable del Congreso.
Respecto a las razones del gobierno para seguir adelante, Portela especula que podrían estar basándose en argumentos de inconstitucionalidad o inexistencia del trámite en el Senado. Sin embargo, insiste en que cualquier vicio en el proceso debe ser decidido por una autoridad competente, como la Corte Constitucional, antes de emitir un decreto.
El experto concluye que existe una "mala información" en el gobierno sobre los trámites realizados en el Senado. "Ahí sí se surtieron. El secretario general produjo un certificado donde aclara todo el trámite que se dio en ese momento entre el 13 y el 14 de mayo", afirma Portela.
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