Fiscalía judicializa a tres implicados en caso de trata de personas y explotación sexual en Cúcuta
Una fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó a los tres procesados los delitos de trata de personas agravada y utilización o facilitación de medios de comunicación.
Noticias RCN
10:05 a. m.
Dos hermanos de nacionalidad venezolana y la madre de una adolescente de 16 años fueron judicializados por su presunta participación en una red de explotación sexual que operaba a través de transmisiones digitales en un inmueble de Villa del Rosario, Norte de Santander.
La Fiscalía General de la Nación aseguró que las víctimas eran una joven de 19 años y una menor de edad que debían cumplir horarios y atender las solicitudes de usuarios en plataformas virtuales para generar ingresos económicos.
Presunto estudio de transmisiones sexuales
De acuerdo con la investigación, entre agosto y octubre de 2025 habría funcionado en Villa del Rosario un estudio clandestino dedicado a realizar transmisiones con contenido sexual explícito a través de plataformas digitales. Allí, las dos víctimas presuntamente eran obligadas a participar en sesiones en vivo, mientras los pagos realizados por los usuarios eran recibidos por los administradores del lugar.
Las labores de policía judicial dirigidas por la Fiscalía señalan que los hermanos Carlos Alberto Colina Herrera y Carlos José Colina Herrera serían los responsables de vigilar y supervisar a las víctimas, además de imponer multas por posibles incumplimientos de las reglas establecidas dentro del inmueble.
Fiscalía imputó cargos y ordenaron medida de aseguramiento
Según el ente acusador, la madre de la adolescente también estaría involucrada en las actividades ilícitas y, al parecer, permitió que su hija asistiera al lugar donde habría sido explotada sexualmente.
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Una fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó a los tres procesados los delitos de trata de personas agravada y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. Los implicados no aceptaron los cargos y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
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