Fiscalía ocupó bienes al excongresista Mario Castaño avaluados en $12.000 millones

Este 13 de octubre se conoció la decisión de la Fiscalía General de la Nación de ocupar nueve bienes pertenecientes al excongresista liberal Mario Castaño, quien permanece en prisión desde el pasado 19 de junio por su presunto nexo con el ‘escándalo de las marionetas’.

Las propiedades en cuestión, ubicadas en Manizales, Caldas, fueron puestas bajo medida de extinción de dominio como parte del proceso que se adelanta en contra del exsenador. Además, según informó la Fiscalía, los bienes fueron avaluados por más de $12.000 millones.

Se trata de un inmueble urbano, un establecimiento de comercio y siete vehículos que, según los elementos de prueba del ente investigador, habrían sido adquiridos por Castaño y puestos bajo el nombre de una sociedad transportadora con el fin de evadir impuestos.

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Esta medida corresponde a la segunda fase investigativa en contra del excongresista, quien el pasado 21 de septiembre acepto ante la Corte Suprema de Justicia su responsabilidad en la articulación de una red ilegal para el direccionamiento ilícito de contrataciones en varias regiones.

Por este escándalo están untados 33 alcaldes, exalcaldes y contratista de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Risaralda.

Cabe recordar que en la primera fase de este proceso ya habían sido ocupados 28 inmuebles urbanos, siete vehículos, dos sociedades y un establecimiento de comercio cuyo avalúo ascendió a los $13.717 millones. 

En dicha oportunidad, la extinción de dominio se dio en zonas de Pereira, Manizales, Quibdó, Cartagena y Medellín.

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Caso Mario Castaño

El exsenador se encuentra en la cárcel La Picota de Bogotá, debido a la investigación que se adelanta en su contra por ser el presunto líder de una organización criminal que habría participado en irregularidades en procesos de contratación y que tiene involucrados a 33 alcaldes, exalcaldes y contratistas.

Castaño sería responsable de direccionar millonarios contratos destinados a obras públicas en varios departamentos a cambio de un 10 % del valor del convenio.

Sobre estas acusaciones, Castaño aceptó su responsabilidad ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, concusión y estafa agravada.

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