Incertidumbre por el futuro de la reforma pensional tras empate en la Corte Constitucional
Carlos Pablo Márquez, conjuez, tendrá la decisión en sus manos.
La reforma pensional enfrenta un momento decisivo después de que la votación en la Corte Constitucional sobre su constitucionalidad terminara empatada 4-4, dejando la decisión final en manos del conjuez Carlos Pablo Márquez.
La ponencia que declara inconstitucional la ley fue presentada por el magistrado Ibáñez, pero no logró la mayoría necesaria para tumbar definitivamente la norma.
Votación quedó 4-4: conjuez Márquez decidirá
La representante a la Cámara, Lina María Garrido, expresó su preocupación por la situación: “Porque lo que ha quedado evidenciado en el transcurso de todo su trámite es que se ha vulnerado la ley quinta y el trámite legislativo”.
El proceso ha estado marcado por irregularidades desde sus inicios. La reforma fue demandada porque, según sus detractores, no hubo suficiente debate ni discusión de las proposiciones en la Cámara de Representantes. La Corte Constitucional inicialmente devolvió el trámite para que se subsanaran los vicios, pero según Garrido, el gobierno "nuevamente vició casi que de manera intencional" el procedimiento.
¿El voto de Carvajal habría sido a favor de la reforma?
Un elemento crucial en la votación fue la recusación del magistrado Héctor Carvajal, quien fue abogado del presidente Gustavo Petro antes de llegar al alto tribunal. De haber participado en la votación, el resultado habría sido 5-4 a favor de mantener la reforma.
El analista Julio César Iglesias cuestionó la legitimidad del proceso: “La tesis de que la Corte Constitucional es un órgano político esencialmente más que jurídico, pues queda comprobado por esto”. Agregó que si alguien hubiera predicho los votos según filiaciones ideológicas de los magistrados, habría acertado el resultado, a pesar de tratarse de un asunto procedimental y no de fondo.
Sobre el conjuez Márquez, se conoce que trabajó en la Comisión de Regulación de Comunicaciones durante las administraciones de Santos y Uribe, y fue asesor del Ministerio del Interior. Tiene estudios en Harvard y Oxford, lo que le otorga un perfil académico robusto.
La representante Garrido insistió en que "la forma es la que importa y el trámite debe ser custodiado", señalando que se violaron los derechos de la oposición al no permitir debatir más de 670 proposiciones. Además, reveló que demandó el decreto que convocó a sesiones extraordinarias, por lo que aún falta definir ese trámite adicional.

