Corte Constitucional ordena traslado urgente de comunidad Emberá de la UPI La Rioja en Bogotá
El alto tribunal ordenó el traslado de las cerca de 400 personas de la comunidad Emberá.
Noticias RCN
04:03 p. m.
La Corte Constitucional ordenó a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a varias entidades del Distrito adelantar acciones inmediatas para garantizar los derechos fundamentales de las cerca de 400 personas de la comunidad Emberá, actualmente ubicada en la UPI La Rioja, en la localidad de Kennedy.
La Sala Octava de Revisión del alto tribunal resolvió una acción de tutela interpuesta por la Personería de Bogotá en la que instruyó al Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) y a la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación para que, dentro de los próximos 15 días, gestionen el traslado de la población Emberá desde la UPI La Rioja hacia la UPI La Florida.
Idiger y SAE deberán actuar en 24 horas para proteger a la comunidad Emberá
Además, ordenó al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) entregar, en un plazo de 24 horas, los extintores necesarios en la UPI La Rioja y capacitar a la comunidad en su uso, al igual de que se adopten medidas para el manejo adecuado de residuos sólidos y del agua, para mejorar las condiciones de salubridad del lugar.
El alto tribunal también dispuso que, en caso de que el traslado a La Florida no fuera viable, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) debía identificar y asignar otro inmueble adecuado para albergar a las familias Emberá dentro de los cinco días siguientes.
La Corte enfatizó que cualquier decisión debía tener en cuenta los derechos fundamentales de la comunidad, en especial de los niños, mujeres gestantes y adultos mayores, quienes requieren medidas de protección reforzada.
Inicia la recuperación del Parque Nacional tras retorno de los indígenas Emberá al territorio
SAE deberá entregar un inmueble para reubicar a la comunidad Emberá si falla el traslado
En caso de que dicho traslado no sea viable, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) deberá identificar y asignar, en un plazo máximo de cinco días, un bien inmueble cercano a Bogotá que sirva como refugio temporal digno para la comunidad indígena.
La Corte también ordenó la vinculación formal de la SAE al trámite constitucional, con el fin de avanzar en la asignación de predios que garanticen soluciones de alojamiento seguras y permanentes para las familias desplazadas.
Síguenos en Google News
