JEP priorizará fase de investigación para los 'falsos positivos' cometidos en el país

Este lunes 17 de julio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que priorizará su nueva fase de investigación dedicada a 'falsos positivos', la cual se dedicará exclusivamente a determinar la presunta responsabilidad de miembros del Ejército en crímenes cometidos en varios departamentos del país. 

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De esta manera, se recopilará todo el material obtenido de los delitos cometidos en Antioquia, Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila.

Mediante esta Sala de Reconocimiento se evaluará la responsabilidad no solamente de los altos mandos del Ejército, sino también de agentes de Estado no integrantes de la fuerza pública y de civiles en los delitos cometidos en el marco del Caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas como bajas en combate. 

La Sala también pretenderá identificar si los patrones de los macrocrímenes a los que se les ha hecho seguimiento se repitieron en otros territorios de Colombia. De esta manera, se buscará ascender en la cadena de alto mando militar para imputar a 59 máximos responsables, mientras continúan las indagaciones de seis subcasos que habían sido priorizados anteriormente. 

¿Qué elementos se tendrán en cuenta en esta fase? 

Así las cosas, la JEP argumentó en un comunicado que "se busca garantizar que toda imputación que se haga a altos mandos militares y civiles esté debidamente sustentada con la evidencia judicial sobre su participación directa o indirecta, activa u omisiva, en el desarrollo de la práctica criminal".

Adicionalmente, señaló que la decisión de priorizar esta fase corresponde a las previas investigaciones que apuntaron a unidades militares territoriales, debido a la repetición de patrones comunes de organizaciones criminales que cometían estos mismos delitos en los territorios. 

En esta fase no se abrirán nuevos subcasos territoriales, sino que se avanzará el proceso en torno a casos o hechos ilustrativos que no han sido investigados. Para ello se tendrán en cuenta informes judiciales que estén a disposición de la jurisdicción ordinaria y de la Sala de Definición de Situación Jurídicas de la JEP. 

De esta manera, se contemplarán los picos más altos de criminalidad en territorios, los cuales habrían sido cometidos entre los años 2005 y 2008. Durante este periodo "se habría consolidado el patrón criminal de asesinatos y desapariciones forzadas motivados por la presión de resultados".

De acuerdo con los informes previos, en 2005 se registró el mayor número de víctimas presentadas como bajas en combate por parte del Comando Conjunto número 01. También se habría desarrollado un criterio de pago de recompensas mediante la Directiva Ministerial Permanente 029 del 17 de noviembre de 2005.

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Con base en los avances de esta Sala, se atribuirán responsabilidades a los altos mandos de la fuerza pública y en caso de que las investigaciones determinen culpabilidad de personas que no se hayan sometido voluntariamente a la JEP, se redigirá el caso a las autoridades competentes.