JEP continúa imputando crímenes de lesa humanidad a militares: sigue el caso Dabeiba

La Sala de Reconocimiento de la JEP les imputó la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, conforme al Código Penal colombiano y al Estatuto de Roma, a integrantes del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos , a miembros del Batallón de Contraguerrillas No. 79 Sargento Viceprimero Hernando Cómbita Salazar, así como al Comandante de la Brigada Móvil 11, por crímenes perpetrados en los municipios de Dabeiba e Ituango, Antioquia, entre los años 2002-2006.

Se identificaron víctimas exhumadas en diligencias de entrega digna y se recabaron reconocimientos de responsabilidad y patrones criminales asociados a cuatro batallones dentro de un espectro de tiempo entre 1997 y el año 2006, así como declaraciones que se refieren a hechos ocurridos en otros territorios hasta 2010, los cuales comprometen a miembros de la Policía Nacional.

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La Sala encontró bases suficientes para imputar como máximos responsables por jerarquía a los coroneles en retiro Jorge Alberto Amor Páez , David Herley Guzmán Ramírez,  Efraín Enrique Prada Correa y Edie Pinzón Turcios, dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica. 

Añadido a esto, se atribuye responsabilidad en calidad de máximos responsables por participación determinante a tres sargentos en retiro del BCG 79: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo y el soldado profesional en retiro Levis de Jesús Contreras Salgado. 

Falta de evidencia e informes militares

Debido a la inexistencia de informes oficiales y de víctimas, la destrucción de documentos operacionales, y los muy precarios avances de las justicias ordinaria, penal militar y disciplinaria, la investigación se soportó por completo sobre los aportes a verdad plena realizados por diversos comparecientes de la fuerza pública, contrastados con las evidencias forenses, así como con las pruebas decretadas y practicadas por la JEP.

Los crímenes relacionados con los cementerios de Dabeiba e Ituango, se encontraban en la impunidad. Los comparecientes ante la JEP, asumiendo un compromiso con la verdad y las víctimas, decidieron confesar espontáneamente la comisión de delitos por los cuales jamás habían sido investigados e involucraron a máximos responsables, quienes tampoco habían sido judicializados. De igual manera, si bien algunos familiares habían recibido una indemnización económica por parte del Estado, no conocían el paradero de sus seres queridos, la verdad sobre lo sucedido, ni a los responsables de los crímenes.

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Ninguna de las víctimas exhumadas, identificadas y entregadas dignamente pertenecieron a un grupo armado ilegal, concluyó la JEP.