¿La Procuraduría pierde o gana poder con la decisión de la Corte Constitucional?: Esto es lo que debe saber

Después de una decisión fuertemente debatida, la Corte Constitucional dio a conocer que los procuradores ya no podrán suspender o inhabilitar a funcionarios públicos que hayan sido electos por voto popular, sin revisión de un juez del Consejo de Estado, que deberá tener la última palabra siempre.

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En el pasado, el ente administrativo podía hacerlo porque el Congreso le había dado algunas facultades jurisdiccionales en las indagaciones en contra de este tipo de servidores públicos. Pero ahora solo podrá imponer sanciones que tendrán que ser ratificadas por un juez administrativo.

Algunos han llegado a alegar que la Procuraduría está perdiendo potestad porque en el pasado la Ley 2094 de 2021 sí le permitió tener un control directo. Por su parte, el exprocurador Juan Carlos Novoa afirmó que este cambio puede generar problemas de efectividad en los procesos sancionatorios.

"Ahora la sanción no se puede ejecutar hasta que un juez administrativo no diga si estuvo bien impuesta o no, eso nos puede causar retrasos", señaló en diálogo con NoticasRCN.com. 

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Las facultades que se mantienen 

Desde la Corte Constitucional indicaron que los procuradores podrán seguir investigando y juzgando disciplinariamente a los funcionarios públicos de elección popular como alcaldes, gobernadores y concejales. La limitación estará dada cuando sí tengan fuero constitucional. 

Lo que explica este cambio en las facultades es que la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que “las sanciones disciplinarias contra servidores de elección popular solo pueden imponerse por mandato de un juez de la República, dado que pueden afectar sus derechos políticos”.

¿Pierde poder la Procuraduría? 

Uno de los primeros que salió a celebrar la determinación de la Corte Constitucional fue el presidente Gustavo Petro, quien alega que se debe cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señaló que estos funcionarios públicos de voto popular solo pueden ser afectados en sus derechos políticos por un juez competente en el proceso penal.  

Al respecto, el exprocurador Novoa dice que esto puede llegar a generar mayores riesgos procedimentales e incluso de corrupción porque se "abre la puerta al soborno de jueces" y las órdenes de la Procuraduría no podrían ser ratificadas al instante. 

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Aunque la Sala Plena, que votó por retirar el artículo primero de la Ley 2094 de 2021, aludió a que fue completamente equivocado haberle dado funciones jurisdiccionales a los procuradores. Por eso ahora el proceso tendrá que efectuarse a través de las nuevas reglas disciplinarias.

"Las sanciones impuestas a los funcionarios de elección popular se suspenderán en su ejecución durante el trámite judicial de revisión, el cual finiquitará con una sentencia que determinará de manera definitiva la sanción aplicable”, señaló la Corte. 

¿Qué pasará con los funcionarios públicos?

La Procuraduría podrá seguir haciendo indagaciones en contra de servidores públicos electos por elección popular y podrá destituirlos si los motivos son suficientes.

Sin embargo, el exprocurador Novoa dice que el Congreso debería hacer una revisión sobre la suspensión provisional, pues no consiste en una sanción, sino en una medida cautelar y podría implicar afectaciones. 

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"Esa medida cautelar no tiene la suspensión que manda la Corte con respecto a las sanciones disciplinarias, es decir, la Procuraduría hoy puede suspender al alcalde provisionalmente y se efectúa sin que pase por el control de juez", indica. 

Es por eso que la Corte ha instado al Congreso a "que adopte un estatuto de los servidores públicos de elección popular, incluido un régimen disciplinario especial, que materialice los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de protección y garantía de los derechos políticos y electorales”. Pero aún habrá que esperar a que esto suceda.