Las alarmantes cifras de abuso sexual a menores en el país

La Procuraduría General de la Nación, frente a las alarmantes cifras de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia, solicitó a la directora del ICBF información sobre el avance del Sistema Nacional de Alertas Tempranas para prevenir y proteger.

Según la Policía Nacional, entre enero y agosto de 2023, se registraron 8.295 delitos sexuales contra menores, de los cuales 4.605 afectaron a niños y niñas y 3.690 a adolescentes. Además, el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó 12.899 exámenes medicolegales por presunto delito sexual en este periodo.

El ICBF registró, por su parte, 11.135 casos de violencia sexual, en 9.705 de estos casos las víctimas fueron niñas y en 1.425 niños, destacando altos números en varias regiones. La Procuraduría destacó la necesidad de concientización y coordinación entre entidades para abordar estos casos.

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Cómo funciona la atención a las víctimas de violencia sexual en el país

En la lucha contra la violencia sexual, la normatividad vigente destaca la necesidad de una atención diferenciada, específica e integral para las víctimas. Diversas rutas han sido reglamentadas para asegurar el pleno restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, estableciendo un marco claro para la actuación de las entidades involucradas.

Estas rutas también identifican actores cruciales en el proceso de atención. Las entidades, al trabajar conforme a sus competencias, desempeñan un papel fundamental en la materialización de la atención integral.

Entre los actores clave se encuentran profesionales de la salud, expertos en psicología, juristas especializados y trabajadores sociales. La coordinación efectiva entre estas figuras garantiza una respuesta adecuada a las necesidades específicas de las víctimas, abordando aspectos físicos y emocionales de su recuperación.

La normativa existente establece un marco sólido para la atención de víctimas de violencia sexual, destacando la importancia de rutas diferenciadas y la colaboración efectiva entre diversos actores. Este compromiso es fundamental para el restablecimiento integral de los derechos de las víctimas.

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