¿Qué podrán hacer? Las facultades que tendrían alcaldes y gobernadores para garantizar seguridad

Noticias RCN conoció en primicia un documento en el que se materializan las facultades que tendrán alcaldes y gobernadores para requerir a las fuerzas militares en algunos municipios del país con el propósito de conservar la vida, la seguridad y el orden público. 

Con el anuncio previo del presidente Gustavo Petro y la circular conjunta del Ministerio de Defensa e Interior, se entregan plenas facultades a los alcaldes y gobernadores donde funcionan los puestos de mando unificados por la vida, para que sean los mandatarios locales quienes impartan órdenes a la fuerza pública. 

“Para los municipios donde hay conflicto se debe impartir la instrucción de volver al alcalde “de mando” de las fuerzas donde se encuentran en el territorio con fines humanitarios”, se lee en el documento. 

Esta sería una medida que algunos consideran desde ya inconstitucional. Sin embargo, hay quienes afirman que su reglamentación está permitida por la jurisprudencia en Colombia. 

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¿Qué dice el documento?

“Solicitarán el apoyo vía el Ministerio del Interior, vía Ministerio de Defensa o al comando general de las fuerzas militares, para adelantar tareas de operaciones militares que correspondan a los niveles de riesgo que encuentren los alcaldes o los gobernadores”, indicó Jairo Libreros, analista político de Noticias RCN. 

Según ha dicho el Gobierno Nacional, los puestos de mando unificados por la vida tienen el propósito minimizar el riesgo de vida de los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y firmantes del acuerdo de paz. 

“Podrán contar con invitados permanentes Fiscalía, Procuraduría, Comunidad Internacional, Misión de Verificación de paz de la ONU, ONU Mujeres y Misión de Observación de Paz”, se lee en el documento. 

Una representación en la mesa con la que se perdería el carácter confidencial de lo que allí se evalúa y define. 

“Hay que entender que muchas de estas autoridades, gobernadores o alcaldes, pueden estar en un momento determinado coludidos con los grupos ilegales que delinquen en su jurisdicción”, añadió Jhon Marulanda, presidente de Acore. 

Por otro lado, algunos consideran que la representación de diferentes sectores no pondría en riesgo la información que al interior se aborde, dado que los asistentes deben garantizar el carácter de confidencialidad.

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