Ley de sometimiento no avalará excarcelaciones masivas

Una de las próximas grandes discusiones que se avecina en el Congreso de la República es el primer debate sobre la ley de sometimiento, proyecto que permitirá la subordinación colectiva de las organizaciones criminales del país. Este ha generado polémicas desde meses atrás, y la ponencia ya está lista para ser debatida.

Esta incluyó algunos cambios para incluir recomendaciones que hizo Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, con el fin de evitar que haya impunidad con los integrantes de los grupos criminales.

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Uno de los puntos más importantes, y que más ha sido discutido, gira en torno a la excarcelación. El senador Ariel Ávila, quien participó en la construcción de la ponencia, explicó que "no habrá excarcelaciones masivas".

"Las penas se mantienen de seis a ocho años en cárcel y cuatro años de pena supervisada, para un total de 10 a 12 años. Pero los que ya están en cárcel y que actualmente están pagando por crímenes graves, no tienen que pagar ocho años, sino pagar 10 años y además no va a ver excarcelaciones al que ya pagó 10 años, porque tiene que esperar por lo menos 2 años 12 meses o 18 meses, mientras se firma el acta de sujeción colectiva y luego un año supervisado en cárcel que contribuye para la verdad”, indicó el congresista.

Los criminales que ya cumplan con todos los requisitos, solo saldrían dentro de dos años de prisión después de la aprobación de la ley.

“Para los rasos es lo mismo, siguen en cárcel y lo que se hace es que tienen que durar seis meses en pena supervisada dentro de la cárcel si colaboran y salen el proceso de reinserción, eso quedó supremamente claro”, remarcó.

Procesos de sujeción a la justicia

Añadido a esto, un punto incluido en la ponencia fue dejar claras las etapas del proceso de sujeción a la justicia, las cuales estarán a cargo de la Fiscalía General de la Nación, y del Ministerio de Justicia.

“Se separaron claramente las etapas de este proceso, el proceso de acercamiento y conversación liderado por el comisionado, el proceso o la etapa de procesamiento liderada por la Fiscalía y la etapa de pena restaurativa liderada por la Fiscalía y por el Ministerio de Justicia”, explicó el senador.

Por otro lado, quedó en claro que no hará reconocimiento político para las organizaciones criminales que decidan someterse a la justicia.

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“Se estableció la diferenciación entre grupos armados rebeldes y grupos criminales de alto impacto, es decir, se ratifica que no hay ningún tipo de reconocimiento político tal y como se había pedido, entre otras cosas”, puntualizó Ávila.