A la consejera de juventudes de Presidencia le ordenaron cinco días de arresto domiciliario, ¿por qué?

Gabriela Posso, de 26 años, es una de las empleadas más jóvenes de la Presidencia. Recientemente, se conoció la decisión de un juez de ordenarle arresto domiciliario por cinco días y además una sanción económica por casi $6.000.000. La razón se explica tras un largo proceso que comenzó por un trino.

A comienzos del 2023, Posso publicó en su cuenta de Twitter información relacionada con la Secretaría General de la Universidad del Tolima. “Hemos conocido la grave denuncia de persecución y hostigamiento a estudiantes de la Universidad del Tolima por parte de la Secretaría General de la Universidad. Denuncian que información sensible de 200 estudiantes y colectivos habrían sido remitidas a fuerzas del Ejército. Pedimos a las autoridades competentes investigar este caso y hacemos un llamado a respetar la vida de nuestros jóvenes y su autonomía universitaria”, decía el trino.

Tutela contra Gabriela Posso, consejera para las juventudes de Presidencia

Esta publicación fue retuiteada por un medio de comunicación que además señalaba con nombre propio al secretario de dicha área, identificado como Andrés Felipe Bedoya.

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Tras las supuestas denuncias, Bedoya comenzó a tener problemas de seguridad y por esa razón decidió presentar una tutela apelando a su buen nombre. Un juzgado de Ibagué le dio la razón al secretario y le ordenó a Gabriela Posso rectificar la información. La consejera para las juventudes lo hizo y en su cuenta publicó: “me permito precisar que los trinos realizados sobre la U. Tolima iban encaminados a solicitar a las autoridades competentes investigar los hechos denunciados por medios de comunicación. En ningún momento se juzgó a nadie o se insinuó tener pruebas”.

Pero esta rectificación no fue suficiente para la defensa de Bedoya. Su abogado aseguró que la funcionaria no habría cumplido la orden del juez porque no se había referido en la rectificación a la falta de pruebas para su afirmación o los motivos de sus acusaciones.

¿Qué concluyó el juez en el caso de Gabriela Posso? 

El juzgado revisó un posible desacato y este 30 de mayo se conoció que Gabriela Posso sí incurrió en ello. Por eso le ordenó cinco días de arresto domiciliario y una multa de cinco salarios mínimos, es decir, $5.800.000. Monto que deberá pagar en un tiempo no mayor a ocho días.

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