¿Pagar por armas a delincuentes?: la polémica propuesta del Ministerio del Interior para reducir inseguridad

La inseguridad en Colombia es un tema que preocupa. Cada vez son más los casos como hurtos y robos que se registran en el territorio nacional, que por supuesto ponen en “jaque” la integridad de millones de colombianos. 

Para que este deje de ser un problema en nuestra cotidianidad es importante preguntarnos, ¿dónde están las estrategias del Gobierno Nacional para combatir la inseguridad? Si bien aunque a nosotros nos parezca que es una situación que estará siempre latente, debe haber una solución eficaz que permita lidiar con este flagelo. 

Tratando de brindar respuestas al problema, el pasado 6 de febrero el presidente Gustavo Petro, presidió un Consejo de Seguridad, en el que participó el ministro del Interior, Alfonso Prada, Fuerzas Militares, Policía Nacional y alcaldes de diferentes ciudades del país como: Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Cartagena. 

El objetivo de este encuentro fue precisamente abordar planes o estrategias para reducir la cifra de homicidios y extorsiones, así como el hurto y atraco callejero que agobia diariamente a los colombianos. 

Si bien de este tipo de reuniones se espera siempre llegar acuerdos importantes, más allá de esto, se tiene el anhelo de poner sobre la mesa puntos reales y eficientes que le den solución gradual y definitiva al problema. 

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En este orden de ideas, algunas de las propuestas planteadas durante el Consejo de Seguridad han generado controversia en unos sectores del país porque parece que no son del todo fuertes o decisivas ante un problema tan grave como es la inseguridad en el territorio. 

Son seis propuestas en total las que comenzarán a implementarse y que fueron anunciadas por el ministro del Interior, Alfonso Prada. La primera es que se iniciará una campaña de desarme en el país. En segundo lugar, se avanzará en una estrategia entendiendo las características que tiene el comportamiento del delito en cada ciudad. En tercer lugar, se será coherente con las iniciativas ya radicadas ante el Congreso como la humanización de la pena. En cuarto puesto, se respetarán las propuestas como la de Bogotá, de tener una estrategia que permita un procedimiento penal o de procedimiento expedito muy rápido y, por último, se estudiarán los proyectos de Asocapitales para la construcción de centros de atención, URIS y casas de justicia. 

De los anteriores puntos, algunos fueron propuestos por los candidatos que asistieron al Consejo de Seguridad. Por ejemplo, la alcaldesa Claudia López planteó la urgencia de establecer procedimientos penales expeditos con “penas cortas”. Recordemos que la mandataria de los bogotanos ha manifestado en varias oportunidades que la propuesta de las penas restaurativas sería de menos de un año, pero según ella, eficaces a la vez. 

Por otro lado, el proyecto de Asocapitales, de construir centros de detención y casas de justicia variarían de acuerdo con los indicadores de delincuencia que se presente en cada municipio. 

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De las seis propuestas, la que más llamó la atención fue la modificación de orden público en la que se busca un plan nacional de desarme. Este punto pretende en los casos que sea necesario pagar para que los delincuentes entreguen las armas. “Entendemos que debemos avanzar en una campaña de desarme que nos convoque a todas las autoridades encabezadas por el presidente, alcaldes y funcionarios de mayor relevancia en los municipios. La idea es desarmar a los colombianos y tener una estrategia conjunta que nos permita, incluso como lo señalamos en la ley de orden público, realizar campañas en las que hagamos ofertas si es necesario de pago para recibir las armas”, indicó el ministro Alfonso Prada. 

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