¿Por qué la licitación de la Subestación Nueva Lorica está bajo la lupa de la Procuraduría?
La Procuraduría formuló seis nuevas observaciones al proceso de selección de este proyecto energético por presuntas irregularidades.
Noticias RCN
07:56 a. m.
El proceso de selección para desarrollar la Subestación Nueva Lorica de 110 kV, en Córdoba, quedó bajo nuevas observaciones de la Procuraduría que advirtió posibles irregularidades en la convocatoria adelantada por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).
Las alertas estarían relacionadas con los requisitos de participación, la presunta exclusión de uno de los proponentes y las garantías para controvertir las decisiones administrativas.
El pronunciamiento se refiere al proceso que se llevó a cabo para seleccionar un inversionista y un interventor responsables del diseño, adquisición de suministros, construcción, operación y mantenimiento de la subestación y sus líneas asociadas.
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Red de Veedurías advirtió presuntas irregularidades en el proceso
Las nuevas observaciones se conocieron luego de las advertencias formuladas por la Red de Veedurías Ciudadanas que había señalado posibles restricciones a la libre concurrencia y riesgos para la selección objetiva dentro de este procedimiento.
En su intervención preventiva, la Procuraduría planteó seis frentes que considera necesario revisar antes de continuar con las etapas definitivas de la convocatoria. Entre ellos está la posibilidad de revocar directamente el proceso, recomendación que ya había sido puesta sobre la mesa para corregir las situaciones advertidas.
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Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con las condiciones establecidas para presentar recursos contra las decisiones de adjudicación.
Según el organismo de control, los documentos de selección señalan que contra el acta de adjudicación no proceden recursos, una disposición que podría desconocer lo establecido por el Consejo de Estado en una sentencia del 15 de julio de 2026.
En esa decisión, el alto tribunal señaló que la asignación de un proyecto constituye un acto administrativo motivado y susceptible de recurso de reposición.
También se identificaron contradicciones en los procedimientos de notificación y en el momento en que deben considerarse recibidas las comunicaciones dirigidas a los participantes.
Otro aspecto bajo revisión corresponde a los requisitos de experiencia exigidos a los proponentes. La Procuraduría señaló que la regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) establece experiencia en construcción de redes y transporte de energía eléctrica con tensiones superiores a 100 kV, pero no determina que los contratos deban estar necesariamente terminados.
Por esta razón, el organismo cuestionó la exclusión de contratos que todavía se encuentran en ejecución, al considerar que la UPME debe justificar técnicamente esa condición.
La exclusión de ENELCA también fue objeto de observaciones. La Procuraduría solicitó aclarar si la empresa tuvo garantías para presentar recursos frente a esa decisión.
Advirtió que una eventual vulneración del debido proceso podría generar riesgos de nulidad que afectarían incluso las actuaciones posteriores, incluida la adjudicación.
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La UPME deberá responder antes del 12 de noviembre
Ante los posibles riesgos identificados, la Procuraduría solicitó a la entidad resolver cada observación, presentar los argumentos técnicos y jurídicos correspondientes y estudiar nuevamente la posibilidad de revocar la convocatoria.
El plazo establecido para entregar las respuestas es de dos días hábiles, antes de la audiencia prevista para este 12 de noviembre.
La Red de Veedurías Ciudadanas pidió a la UPME no avanzar hacia decisiones definitivas mientras permanezcan sin resolver las inquietudes relacionadas con los requisitos de experiencia, la exclusión de participantes y las garantías administrativas.
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