¿Presuntas presiones sobre la Registraduría podrían afectar las elecciones de 2026?
Varios sectores políticos aseguran que desde el gobierno se estaría gestando una campaña de desprestigio contra el registrador y la entidad.
Noticias RCN
08:30 p. m.
En el Termómetro Político hablamos de las cuentas del paso por el Congreso de la ley de financiamiento y denuncias que hablan de presiones que podrían interferir en las elecciones presidenciales de 2026.
¿Se hundirá la ley de financiamiento en el Congreso?
Así como pasó con el monto del Presupuesto, la llamada ley de financiamiento, llamada por muchos como una reforma tributaria, se podría hundir esta semana. La norma todavía no tiene una ponencia.
De ocho ponentes en la Comisión Tercera del Senado, seis consideran que esa iniciativa es inconveniente, se trata de los senadores: Miguel Uribe, del Centro Democrático; Efraín Cepeda, del Partido Conservador; Mauricio Gómez, del partido Liberal; Antonio Sabaraín, de Cambio Radical; Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal; y Juan Carlos Garcés del Partido de La U.
Asimismo, la reforma también se discute en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, célula en donde terminaría de gestarse el hundimiento, pues aunque en la Cámara el gobierno tiene mayorías, la ley de financiamiento es mucho más impopular, tiene menos sustento y, a diferencia del Presupuesto, era prácticamente de obligatoria aprobación.
Denuncian presiones que podrían interferir en las elecciones presidenciales de 2026
Se conocieron unas graves denuncias que han unido a distintos sectores políticos como la senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde, la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático y hasta el ex ministro de Educación Alejandro Gaviria.
Todos ellos coinciden en que actualmente hay una campaña de desprestigio, una presión indebida y hasta un asedio judicial contra el registrador Hernán Penagos y la Registraduría, ellos alertan que todo podría terminar en una interferencia en las elecciones del 2026.
Hace tres días la Superintendencia de Industria y Comercio, en lo que muchos ven como un abuso de funciones, formuló cargos contra varios funcionarios de la entidad electoral.
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