Corte Constitucional tendría la última palabra sobre el futuro de la consulta popular: procurador
El Consejo de Estado ya notificó a todas las partes su decisión de suspender provisionalmente el decreto de la consulta popular.
Noticias RCN
11:07 a. m.
El procurador general, Gregorio Eljach, se pronunció sobre la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente los efectos del decreto que convocaba la consulta popular.
Cabe resaltar que desde muy temprano, el Consejo de Estado fue notificando a todas las partes relacionadas sobre la medida cautelar impuesta a lo que ha sido denominado como “decretazo”.
La Presidencia de la República, la Registraduría y la Corte Constitucional ya recibieron la comunicación con la orden del tribunal. Esta última Corte será la encargada de definir si es o no competente para evaluar la constitucionalidad del decreto radicado por el Gobierno Nacional.
¿Cuál es el papel de la Corte Constitucional frente a la consulta?
Al respecto, Eljach reiteró que una vez se defina la competencia de la Corte Constitucional, se podrá emitir un concepto de fondo.
El procurador también habló sobre las diversas reacciones del Gobierno frente a las decisiones que involucran la controversial consulta popular. Defendió que los pronunciamientos de los jueces son soberanos y hay que respetarlos, y añadió que esto hace parte de los “pesos y contrapesos” de las diferentes ramas del poder.
El señor presidente expidió su decreto; la ciudadanía, la academia coloca en manos de la justicia administrativa el conocimiento de lo que consideraban anomalías. El Consejo encuentra que hay asuntos que no corresponden a la total legalidad y suspenden los efectos de ese decreto.
Por ahora, se espera que la Sala Plena de la Corte Constitucional defina su competencia para analizar la consulta popular. Mientras esto sucede, es inmediato el efecto de la suspensión provisional proferida por el Consejo de Estado.
Procuraduría delegada para asuntos electorales
Entre otras cosas, el funcionario anunció este 19 de junio la conformación de una Procuraduría delegada para temas electorales, con la cual se busca dar todas las garantías pertinentes para cualquier tipo de elección.
Este brazo del Ministerio Público será encargado de monitorear el respeto a los derechos de los electores.
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