Procuraduría formuló cargos a expresidente de la SAE, Andrés Ávila, por presunta desfinanciación

La Procuraduría General le formuló pliego de cargos al expresidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Andrés Alberto Ávila, por haber sido el responsable de lograr un desfinanciamiento de la entidad.

Según la investigación del Ministerio Público, la SAE, siendo administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y lucha contra el crimen organizado (Frisco), hizo un desfinanciamiento de más de $3.000 millones.

Los pagos fueron autorizados desde Frisco, dinero que correspondían al funcionamiento de la SAE.

¿De qué es responsable Andrés Ávila?

La Procuraduría acusó a Ávila de autorizar conceptos básicos de la nómina a más de 10 funcionarios de la vicepresidencia jurídica y la gerencia técnica.

“Habría avalado en la vigencia 2022 cancelar conceptos asociados a la nómina de 14 cargos profesionales de la planta de la Vicepresidencia Jurídica y la Gerencia Técnica, correspondientes a $ 1.500 millones, de bonificaciones por $ 1.000 millones”, informó la Procuraduría.

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Ávila también avaló los costos de planta de funcionarios destinados para proyectos especiales, que representaron $1.122 millones.

“Las partidas no se encontraban presupuestas, no fueron sometidas previamente a consideración del Comité Técnico del CNE, ni a la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes, por lo que la SAE, solicitó la modificación del presupuesto”, informó la Procuraduría.

Tras haberse conocido los hechos, para el Ministerio Público, Ávila vulneró los principios de responsabilidad y eficacia de la economía.

Procuraduría abre indagación a funcionarios de Emcali

La Procuraduría también dio a conocer en las últimas horas que abría indagación preliminar a funcionarios de la empresa de Emcali por las presuntas irregularidades que se pudieron haber cometido en el pago de unas cesantías.

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“Cerca de 30 trabajadores sindicalizados habrían recibido aportes en las vigencias 2022 y 2023 por sumas que van desde los $78 millones y que llegarían hasta los $300 millones”, afirmó la Procuraduría.