¿Cómo está respondiendo el Estado a la crisis por los grupos armados?
El país vive una crisis de orden público con el fortalecimiento de grupos armados en varias regiones mientras el Estado luce debilitado.

La violencia en el país ha alcanzado niveles alarmantes con el resurgimiento del conflicto armado en múltiples regiones del país.
Departamentos como Arauca, Putumayo, Norte de Santander, el Catatumbo y Chocó han sido testigos de un incremento en las acciones violentas de los grupos armados ilegales, que han impuesto paros armados, confinamientos, desplazamientos forzados y bloqueos de vías, afectando a miles de ciudadanos.
En el Chocó, la situación es crítica. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha impuesto un paro armado que ha impedido la movilidad de los habitantes, obligando al cierre de establecimientos educativos y generando una crisis humanitaria.
La presencia del Clan del Golfo y el posible ingreso de disidencias de las Farc han convertido el departamento en un campo de batalla, donde la población civil es la principal víctima.
Grupos armados envían un mensaje claro: “Aquí mandamos nosotros”
El analista Mateo Amaya, en La Mesa Ancha de Noticias RCN, advirtió que lo que está ocurriendo en Colombia es un desafío abierto al Estado por parte de los grupos ilegales.
El país se le salió de control al presidente Gustavo Petro. Lo que está haciendo el ELN en Chocó con el paro armado o lo que ocurrió en Argelia con la toma del hospital no es solo un mensaje al Gobierno, sino una advertencia directa a los ciudadanos de estas regiones: ‘Nosotros somos la autoridad aquí’.
Él explicó que la guerra ya no es únicamente entre el Estado y los grupos ilegales, sino una lucha territorial entre distintas facciones criminales.
Esto es una disputa entre el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Todos buscan quedarse con el control de estas regiones estratégicas, donde operan economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
Chocó se convirtió en el epicentro del narcotráfico
La analista Juana Afanado, señaló que la presencia de múltiples grupos armados en el Chocó no es casualidad. La región es clave para el tráfico de drogas, y el dominio de los territorios garantiza el control de las rutas por donde se mueve la cocaína.
Las Fuerzas Militares han indicado que este paro armado podría estar sirviendo para mover grandes cantidades de droga en un lapso de 72 horas. Aprovechan la geografía del Chocó, que tiene una infraestructura muy precaria, para movilizar sus cargamentos por ríos y carreteras sin ser detectados.
Las Fuerzas Armadas están tratando de contener la situación en dos frentes: terrestre y fluvial.
El río San Juan, una de las principales arterias de comunicación en el departamento, ha sido convertido en una autopista para el narcotráfico. Sin una presencia estatal fuerte, los grupos armados dominan estos corredores estratégicos.
¿Cómo está respondiendo el Estado a la crisis por los grupos armados?
Para Julio Iglesias, otro de los analistas de La Mesa Ancha, el Gobierno ha demostrado una alarmante falta de respuesta ante la escalada de violencia.
Las Fuerzas Militares están en una crisis operativa grave. Hace unas semanas, el ministro de Defensa reconoció que no hay recursos suficientes ni siquiera para abastecer los helicópteros o reparar equipos militares dañados.
Además de la falta de recursos, Iglesias advierte que hay una deslegitimación ideológica del uso de la fuerza por parte del Estado, lo que ha debilitado aún más la respuesta militar.
El discurso oficial ha presentado a las Fuerzas Armadas como un problema del pasado. Se ha satanizado el uso de la fuerza legítima, dejando al Ejército y la Policía en una posición de debilidad frente a los grupos criminales.
En varias regiones, la presencia del Estado es mínima, y las comunidades han quedado a merced de los grupos armados, que imponen su ley y ejercen dominio total sobre la población.