La SIC negó petición de Sergio Fajardo de bloquear video en TikTok

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) negó la solicitud presentada por Sergio Fajardo Valderrama para bloquear temporalmente un video publicado en TikTok por el excontralor Carlos Felipe Córdoba, dentro de la serie “Hidroituango: la historia”.

El pasado 4 de noviembre, Fajardo pidió a la SIC suspender el contenido alegando uso no autorizado de su imagen, voz y nombre, posibles fines políticos y una “campaña sostenida de desinformación” que, según él, afectaría su reputación.

Sin embargo, la SIC determinó que la solicitud no cumplía con el ámbito de aplicación de la Ley 1581 de 2012, que las cuentas personales en redes sociales no constituyen bases de datos reguladas y que el contenido del video está protegido por la libertad de expresión e información, al tratar temas de claro interés público y mencionar a figuras con proyección política.

El intento de Fajardo por retirar el video ocurre mientras enfrenta una investigación penal activa ante la Corte Suprema de Justicia, tras haber sido acusado por la Fiscalía por peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, debido al crédito en dólares sin cobertura cambiaria que dejó un detrimento estimado en más de 320.000 millones de pesos al departamento de Antioquia. Este proceso penal se encuentra en primera instancia, aún sin sentencia.

“La libertad de expresión prevalece. Los colombianos tienen derecho a conocer la verdad sobre Hidroituango, las pérdidas fiscales y los procesos penales en curso. Y Fajardo no puede apagar ese debate”, afirmó Pipe Córdoba.

“La Ley de Protección de Datos no es un instrumento para censurar investigaciones, tapar fallos ni proteger la imagen de funcionarios investigados. El debate sobre Hidroituango y sobre los detrimentos millonarios que pagaron los colombianos nopuede ser olvidado ni tapado por Fajardo”, añadió Córdoba, precandidato presiencial.

Lo que dijo la SIC

En su pronunciamiento, la entidad reiteró que “los debates sobre la veracidad de la información, el impacto reputacional o los límites del discurso político deben resolverse mediante los mecanismos judiciales adecuados”, concluyó.