Supertransporte abre investigación y formula pliego de cargos a Viva Air por suspender operaciones

La Superintendencia de Transporte anunció este 1 de marzo la apertura de una investigación y la formulación de pliego de cargos en contra de Viva Airpor un presunto incumplimiento en la prestación del servicio de transporte aéreo.

Esta decisión llega tras encontrar méritos suficientes para abrir una investigación administrativa a la aerolínea, luego de que anunciara la suspensión súbita de sus operaciones en la noche del pasado 27 de febrero.

La medida de la low—cost, justificada por la tardanza de la Aerocivil en la toma de decisiones sobre su integración con Avianca, afectó a miles de pasajeros que ya contaban con tiquetes comprados para vuelos nacionales e internacionales.

Adicionalmente, la Supertransporte ordenó a la aerolínea desarrollar un plan de atención para atender a los usuarios que se han visto afectados con la decisión, además de adelantar una remisión periódica de las PQRD radicadas ante sus instancias para poder constatar que se han tomado las medidas compensatorias y reembolsos.

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El cumplimiento de lo dispuesto en las normas es primordial y en este caso en particular, fueron alrededor de 466.604 usuarios que tenían reservas confirmadas al 27 de febrero, fecha de la suspensión de las operaciones de Viva

Otro de los detalles que llevaron a la Supertransporte a sancionar a la aerolínea, radica en que aún después de anunciar la suspensión de operaciones, continuaban vendiendo tiquetes a través de su página web con un total de 5.750 reservas acumuladas.

Además, estableció que la low—cost se justificó en una “imposibilidad material” para no informar a los usuarios de forma individual sobre la cancelación de sus vuelos, y para asegurar que no habría ninguna compensación ni cumplimiento del contrato aéreo.

Esto ocasionó que más de 80 vuelos dejaran de ser operados en el país durante el 28 de febrero.

Si se llega a encontrar que Viva Air es responsable de los cargos imputados por la Supertransporte, podría responder con una multa de entre uno y 2.000 salarios mínimos legales vigentes. Además, de incumplir con las sanciones administrativas, la sanción podría ascender hasta los 500 smlmv.

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