Tres funcionarios de la administración Quintero fueron sancionados por presunta presión política
Se trata de un secretario y dos subseccretarios que habrían presionado a sus subalternos para financiar el movimiento político del exaclalde de Medellín.
Noticias RCN
08:55 p. m.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad a dos funcionarios de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín.
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Se trata del exsecretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, Juan Pablo Ramírez Álvarez y los entonces subsecretarios de Grupos Poblacionales, Juan Daniel Pulgarín Correa, y de Gestión de Bienes de la Secretaría de Suministros y Servicios, Fredy Alfonso Agudelo Bolívar.
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La Procuraduría General de la Nación sancionó en fallo de primera instancia al exsecretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín, Juan Pablo Ramírez Álvarez, con destitución e inhabilidad por 14 años, tras hallarlo responsable de utilizar su cargo para presionar a funcionarios públicos a apoyar un movimiento político.
“El Ente de control confirmó que el entonces secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos organizó una reunión el 8 de agosto de 2021, que fue utilizada para promocionar y respaldar la causa del movimiento político Independientes mediante la presentación de la Corporación ‘El futuro se parece a nosotros’, lema empleado en el contexto del movimiento político de Daniel Quintero”, aseguró el Ministerio Público.
Además de lo anterior, Ramírez Álvarez habría instado a los funcionarios de la alcaldía a aportar dinero, que osciló entre los $ 300 mil y el millón de pesos para financiar el movimiento político.
Las razones por las que fueron sancionados dos exsubsecretarios de la Alcaldía Quintero
La Procuraduría también sancionó con 12 años de inhabilidad a Juan Daniel Pulgarín Correa, subsecretario de Grupos Poblacionales, y Fredy Alfonso Agudelo Bolívar, subsecretario de Gestión de Bienes de la Secretaría de Suministros y Servicios, por su participación en los hechos señalados.
Pulgarín fue señalado de presionar a una subalterna para entregar $800 mil pesos, mientras que Agudelo habría facilitado un inmueble en El Poblado para realizar la reunión, donde incluso se recogieron los celulares de los asistentes en una caja transparente.
El Ministerio Público calificó estas conductas como faltas gravísimas a título de dolo e indicó que hubo una clara intervención política durante el calendario electoral presidencial de 2022. Se ordenó remitir copia del fallo a la Fiscalía para investigar un posible falso testimonio por parte de Melissa Peláez, representante legal de la corporación, quien habría negado su participación en la reunión.
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