Violencia y narcotráfico, la cruda realidad que se vive en Buenaventura

La ola de violencia en Buenaventura se agudiza debido, en gran parte, a la disputa entre bandas criminales por el control del microtráfico en las diferentes comunas de la ciudad portuaria, lo que mantiene bajo terror a las comunidades que deben ser testigo de asesinatos, extorsiones, enfrentamientos y desplazamientos.

Según los datos más recientes de Buenaventura Cómo Vamos, correspondientes a noviembre del 2021, el 72,1% de la población se siente insegura en la ciudad, principalmente los jóvenes entre 26 y 35 años, de los cuales el 95,6%% aseguró sentirse en riesgo al interior de su comunidad.

Asimismo, la delincuencia se ubicó en el puesto número uno en las causas de inseguridad entre los ciudadanos, con una representación del 84,8%. Además, el 55,5% de la población aseguró haber sido víctima de algún delito en 2021.

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Esto, sumado a los múltiples episodios de violencia protagonizados por bandas delincuenciales, se ha convertido en un suplicio para los habitantes de Buenaventura, que día a día viven la zozobra de asesinatos, secuestros confinamientos por los constantes enfrentamientos.

¿A qué se debe la violencia en Buenaventura?

Las causas de la violencia en Buenaventura descienden, en gran parte, de una inasistencia estatal que ha facilitado que los grupos criminales se apoderen de ciertas zonas para acciones relacionadas con el narcotráfico, aprovechando la privilegiada ubicación geográfica del puerto.

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En consecuencia, niños, niñas y jóvenes de la ciudad viven con el temor de ser reclutados por estas organizaciones multicrimen, que muchas veces los usan como escudos para cometer delitos como asesinatos y venta de drogas.

Este importante puerto del país se ha convertido en un punto estratégico para actividades económicas ilegales, que además agudizan las dinámicas violentas para civiles y miembros de la Fuerza Pública.

Desde el 23 de enero del 2019 existe una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, por el riesgo inminente que representa para la población civil la presencia de grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc, las bandas La Local, La Empresa y la Gente del Orden.

En dicha alerta se constataba el peligro por los enfrentamientos entre bandas, calculando alrededor de 169.439 personas afectadas, entre ellas mujeres, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, defensores de derechos humanos, líderes sociales y miembros de organizaciones comunitarias.

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