Walfrando Forero fue inhabilitado por la Procuraduría y no podrá ser alcalde de Tocancipá

La Procuraduría General de la Nación ratificó la destitución impuesta al exalcalde de Tocancipá, Cundinamarca, Walfrando Adolfo Forero Bejarano, por un incremento patrimonial injustificado de $951 millones durante su administración.

El exalcalde fue sancionado con una inhabilidad de 10 años y seis meses, tras un fallo de segunda instancia emitido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, en la que se estableció que "el exfuncionario no justificó de forma satisfactoria ese aumento, el cual fue determinado para él y su núcleo familiar entre 2016 y 2018, años que coinciden con su desempeño como mandatario local".

De acuerdo con la Procuraduría, las pruebas contables aportadas por Forero fueron analizadas por peritos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, DNIE, en donde se evidenció que "contenían inconsistencias que llevaron a concluir que la información allí consignada no era confiable, pues no se llevaron conforme a las pautas y normas aceptadas y vigentes para la época de los hechos". 

Para el Ministerio Público, los valores presentados para justificar sus ingresos no coincidían con lo declarado ante la Dian, ni contaba con las referencias o antecedentes para darles credibilidad a los datos consignados.

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En consecuencia, la Procuraduría indicó que el informe y sus soportes documentales no contaban con fiabilidad o razonabilidad, debido a las inconsistencias, omisiones en incumplimientos respecto a las especificaciones y reglas legales.

¿Por qué inhabilitaron a Walfrando Forero?

Para la Sala Disciplinaria, el entonces acalde del municipio "desobedeció de forma consciente y voluntaria las normas superiores que le imponían el deber de dar cuenta de su patrimonio, las cuales conocía por haber ejercido como concejal y alcalde en tres periodos constitucionales anteriores a su mandato, y mantuvo unos ingresos y gastos entre 2016 y 2018 que no pudo explicar y soportar de manera fiable y razonable". 

Además, se indicó que Forero no logró demostrar la legalidad de sus actividades comerciales o de la fuente de sus ingresos, sino que intentó justificar el incremento patrimonial que ya había sido comprobado por medio del análisis contable y financiero de la DNIE.

La Procuraduría resolvió que se había presentado un quebranto al "deber de transparencia que concierne a todos los servidores públicos y, de contera, se impactó de forma sustancial el postulado de la moralidad sobre el que se cimenta la función administrativa”.

La falta de Forero fue calificada como gravísima cometida con dolo.

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