CCI exige acciones de la Fiscalía tras atentados contra peajes en vías concesionadas
La CCI hizo un llamado enfático a la fiscal general, Adriana Camargo, para que se adelanten investigaciones oportunas y se logre la judicialización de los responsables.
Noticias RCN
11:21 a. m.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) expresó su preocupación por la escalada de violencia que afecta directamente la operación de las vías concesionadas del país y cuestionó la falta de respuestas efectivas de la Fiscalía General de la Nación frente a los recientes atentados.
La entidad recordó que la semana pasada se registró el ataque contra el peaje Cabildo, de la concesión Vías del Nus, y que a este hecho se suma el atentado contra el peaje de La Lizama, en la vía que conduce a Barrancabermeja, atribuido de manera preliminar al ELN.
“La reiteración de atentados y bloqueos, sin avances judiciales conocidos ni responsables capturados, transmite un mensaje de impunidad que incentiva nuevas agresiones”, señaló Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la CCI.
Escalada de violencia y pérdidas económicas millonarias
La Cámara advirtió que no se trata de hechos aislados. En la Ruta del Sol III, en las troncales del Magdalena y en la vía Popayán–Santander de Quilichao se han destruido más de 40 máquinas, poniendo en riesgo la integridad de ciudadanos y trabajadores.
Entre 2023 y 2025 se han registrado más de 2.000 bloqueos en corredores concesionados, ocasionando pérdidas económicas cercanas a los 10 billones de pesos. Según la CCI, esta situación ha impactado la competitividad del país, el abastecimiento de bienes esenciales y la vida cotidiana de miles de colombianos.
Llamado a garantizar seguridad en la infraestructura vial
El gremio también denunció asonadas en estaciones de peaje y cobros irregulares de dinero por parte de grupos ilegales, lo que agrava el panorama de falta de intervención judicial.
La CCI hizo un llamado enfático a la fiscal general, Adriana Camargo, para que se adelanten investigaciones oportunas y se logre la judicialización efectiva de los responsables. Asimismo, reconoció la disposición del Ministerio de Defensa en mejorar las condiciones de seguridad, pero insistió en la necesidad de mayor presencia del Ejército Nacional en los puntos críticos.
“El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar la seguridad y la libre movilidad en el territorio nacional. Proteger la infraestructura vial no es una causa gremial ni sectorial, es defender la inversión pública y la vida de los ciudadanos”, concluyó el comunicado.
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