Freno en seco a empresas de telefonía por cobro de reconexión en caso de falta de pago: téngalo en cuenta
La ley sancionada por el gobierno nacional, busca evitar los cobros excesivos por este trabajo que se realiza de manera remota.
Noticias RCN
03:35 p. m.
Una de las cargas económicas más cuestionadas por los usuarios de servicios de telecomunicaciones en Colombia está a punto de desaparecer o, al menos, de reducirse drásticamente.
La recién sancionada Ley 2485 de 2025, conocida como Ley de “Reconexión Justa” o “Reconexión Gratuita Ya”, ha establecido un cambio en la forma en que los operadores pueden cobrar por el restablecimiento del servicio de internet, telefonía móvil y fija, y televisión, tras una suspensión por falta de pago.
La ley obliga a las empresas de telecomunicaciones a ajustar sus tarifas y limita los cobros únicamente a los costos técnicos y operativos reales del restablecimiento del servicio. Esto significa que los operadores no podrán incluir valores adicionales, multas o penalizaciones que no tengan una justificación directa y comprobable con el proceso de reconexión.
¿Cuál será el valor de la tarifa? Esto dice la ley
El papel clave en la implementación de esta medida recae ahora en la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). La entidad reguladora será la encargada de realizar un análisis técnico en un plazo de doce (12) meses a partir de la ley para definir.
El valor máximo permitido para dicho cobro, el cual, según el ponente de la ley, se proyecta en $1.000 pesos, pero que, tras el análisis de la CRC, podría definirse en un monto incluso menor.
El argumento técnico que respalda la reducción del costo es que, en la mayoría de los casos, la suspensión y posterior reconexión de servicios como la telefonía y el internet se realizan de manera remota a través de sistemas informáticos, implicando un costo operativo mínimo para las compañías, sin necesidad de desplazamiento de personal o trabajos de campo.
Con la entrada en vigor de la Ley 2485 de 2025, se estima un ahorro colectivo cercano a los $450 millones de pesos para los colombianos, que antes debían asumir cobros desproporcionados. Además, se busca una mayor transparencia en la facturación, impidiendo la inclusión de cargos que no estén directamente relacionados con la reconexión.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) será la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de la ley y de imponer sanciones a los operadores que incumplan con las nuevas disposiciones tarifarias.

