Radican acción popular en la que denuncian sobreprecio de la gasolina para financiar déficit del diésel
El aumento sostenido del precio de la gasolina vuelve a generar controversia tras la radicación de una acción popular que señala al Gobierno de trasladar déficil fiscal al bolsillo de los ciudadanos.
Noticias RCN
01:02 p. m.
El precio de la gasolina en Colombia, uno de los temas más sensibles para la economía cotidiana de millones de ciudadanos, volvió al centro de la controversia tras la radicación de una acción popular contra el Gobierno Nacional.
El recurso judicial, presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuestiona el manejo que los ministerios de Hacienda y de Minas han dado al ajuste del combustible, señalando un presunto sobrecosto injustificado que estaría afectando directamente a los consumidores.
El demandante es el abogado David Cote, quien sostiene que el Ejecutivo rompió su propio compromiso de ajustar el precio de la gasolina únicamente hasta alcanzar la paridad con los valores internacionales. Según el documento, esa meta se habría cumplido en octubre de 2023.
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La demanda de presuntos sobrecostos en el precio de la gasolina
Cote explicó que tras este ajuste, lejos de estabilizarse, el precio continuó aumentando de manera sostenida, sin una justificación clara.
De acuerdo con la demanda, hoy los conductores estarían pagando alrededor de 3.200 pesos adicionales por cada galón de gasolina. Un sobrecosto que, multiplicado por el consumo nacional, habría significado una extracción cercana a los 3,8 billones de pesos del bolsillo de los usuarios.
Para el abogado, no se trata de un error técnico ni de una mala estimación, sino de una decisión deliberada que terminó convirtiendo a los consumidores de gasolina en financiadores involuntarios del déficit del diésel.
¿Aumento de la gasolina buscaría tapar hueco fiscal del diésel?
El demandante llamó al aumento de la gasolina 'subsidio cruzado', explicó que el Gobierno habría mantenido artificialmente alto el precio de la gasolina corriente para compensar el hueco fiscal generado por el ACPM, utilizado mayoritariamente por el transporte de carga.
Una medida que, según la acción popular, vulnera el derecho colectivo al orden económico nacional y distorsiona las reglas del mercado.
Más allá del impacto macroeconómico, la demanda pone el foco en las consecuencias sociales de esta política. Taxistas, mensajeros, trabajadores independientes y familias que dependen del vehículo para su sustento estarían asumiendo una carga adicional en un contexto ya marcado por el alto costo de vida.
Se le metió la mano al bolsillo a quien trabaja para cuadrar una caja fiscal mal administrada.
Según el recurso, los incrementos en el precio se aplicaron sin que existieran previamente estudios técnicos sólidos sobre su impacto económico y social. Para Cote, esta improvisación terminó trasladando los costos del ajuste directamente a la ciudadanía.
La acción popular radicada solicita que se ordene la revocatoria inmediata de las medidas que mantienen el precio de la gasolina por encima del referente internacional.
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