Pagar por votos en Colombia puede llevarlo a la cárcel: estas son las penas que establece la ley
Delito electoral: ofrecer dinero para que voten por un candidato puede llevar a la cárcel.
Noticias RCN
07:48 a. m.
En Colombia, ofrecer dinero o beneficios a cambio de votos es un delito que puede terminar en prisión. La legislación penal establece sanciones tanto para quienes promueven estas prácticas como para quienes aceptan el ofrecimiento, en un intento por proteger la transparencia de los procesos electorales y garantizar que los ciudadanos voten de manera libre.
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La compra de votos está tipificada en el Código Penal colombiano como corrupción al sufragante, una conducta que busca influir en la decisión del votante mediante incentivos económicos o promesas de beneficios.
Según la ley, quien ofrezca, prometa o entregue dinero u otra ventaja para que una persona vote por determinado candidato, partido político o propuesta puede enfrentar penas de prisión que oscilan entre cuatro y siete años y medio.
Además de la cárcel, la norma contempla multas que pueden alcanzar hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que convierte esta conducta en una de las infracciones electorales más severamente castigadas por la legislación colombiana.
¿Qué dice la ley sobre pagar por votos en Colombia?
El delito de corrupción al sufragante está contemplado en el artículo 390 del Código Penal. Allí se establece que cualquier intento de manipular la voluntad del votante mediante dinero, regalos, promesas de empleo, contratos o beneficios constituye una violación a la libertad del sufragio.
Las autoridades recuerdan que la responsabilidad penal no recae únicamente en quien entrega el dinero. La ley también sanciona a la persona que acepta el beneficio y participa en el acuerdo para favorecer a un candidato o propuesta política.
Las investigaciones por este tipo de delitos son adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de determinar la participación de cada persona involucrada en el proceso irregular.
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En algunos casos, estas prácticas no se realizan directamente entre candidatos y ciudadanos, sino a través de intermediarios que coordinan la entrega de dinero o beneficios a grupos de votantes. Estos esquemas también pueden ser investigados y sancionados.
Otros delitos electorales que pueden llevar a prisión
Además de pagar por votos, la legislación colombiana contempla otras conductas que afectan la transparencia de las elecciones.
Entre ellas se encuentra el constreñimiento al sufragante, que ocurre cuando una persona es presionada o amenazada para votar por un candidato específico o para abstenerse de participar.
También está el fraude al sufragante, que consiste en engañar al votante para alterar su decisión en las urnas. A esto se suma el conocido trasteo de votos, que sucede cuando un ciudadano inscribe su cédula en un lugar donde no reside con el objetivo de influir en los resultados electorales.
Dependiendo de las circunstancias, este delito puede acarrear penas de hasta nueve años de prisión.
La ley también sanciona prácticas como la suplantación de votantes, la alteración de resultados electorales, la retención ilegal de cédulas o la participación de funcionarios públicos en acciones que afecten la transparencia del proceso electoral.
Frente a estas conductas, las autoridades han habilitado diferentes canales para que los ciudadanos reporten irregularidades.
Las denuncias pueden presentarse ante la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo o mediante los mecanismos oficiales dispuestos por el Gobierno.
Los organismos de control reiteran que denunciar cualquier ofrecimiento de dinero o beneficios antes de votar es clave para proteger la democracia. Reportar estas prácticas permite iniciar investigaciones oportunas y evitar que se distorsione la voluntad de los ciudadanos en las urnas.
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