Pasaje del SITP podría bajar para este 2026: esta es la razón
La representante de la Cámara, María Fernanda Carrascal anunció la acción por esta medida.
Noticias RCN
05:15 p. m.
Desde el pasado 14 de enero, los habitantes de Bogotá han tenido que ajustar sus presupuestos diarios ante la entrada en vigencia del Decreto Distrital 007 de 2026, el cual fijó una tarifa unificada de $3.550 para los servicios troncales de TransMilenio y zonales del SITP. Este incremento de $350 pesos, que representa un ajuste del 10,9 %, ha encendido un debate nacional sobre la sostenibilidad del sistema y el costo de vida en la principal urbe del país.
La administración del alcalde Carlos Fernando Galán justificó la medida señalando que el ajuste era "indispensable" para garantizar la operación del sistema. Según la Secretaría de Movilidad, el incremento se vio presionado por el alza del 23,7 % en el salario mínimo para este año, lo que disparó los costos operativos, especialmente en el rubro de nómina de los más de 35.000 trabajadores que sostienen el sistema.
Inicialmente, el Distrito había proyectado un aumento de $250, pero la realidad económica obligó a sumar $100 adicionales a la propuesta original.
A pesar de la cifra, el gobierno local insiste en que el ajuste es inferior a la variación de los principales indicadores de costos y que se mantienen beneficios como los transbordos a cero pesos en una ventana de 125 minutos, así como los subsidios para personas mayores y población con discapacidad.
La contraofensiva: Carrascal y Cuesta demandan el decreto
Sin embargo, lo que para la Alcaldía es una medida de responsabilidad fiscal, para la oposición es una "carga injusta". En las últimas horas, la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, junto al concejal Juan David Cuesta (anteriormente identificado como José Cuesta en diversos espacios de control), anunciaron la interposición de una demanda de nulidad con medida cautelar contra el decreto que autorizó el alza.
La congresista Carrascal argumenta que el incremento carece de una justificación técnica verificable y que el Distrito no presentó estudios públicos que evalúen alternativas menos gravosas para los ciudadanos de menores ingresos. Según la representante, "no se puede seguir gobernando para la rentabilidad de los operadores privados mientras se excluye a los sectores más vulnerables del derecho a la movilidad".
Por su parte, el concejal Cuesta enfatizó que la acción legal busca la suspensión provisional de la tarifa, alegando una "falsa motivación" en el acto administrativo. Los demandantes aseguran que la Alcaldía se limitó a mencionar factores macroeconómicos generales sin detallar la metodología específica que llevó a la cifra de $3.550.
La decisión ahora está en manos de la justicia administrativa, que deberá determinar si el decreto se ajustó a los principios de transparencia y justicia social. Mientras tanto, el malestar ciudadano crece en las estaciones, donde el pasaje ya consume una parte significativa del ingreso diario de los trabajadores bogotanos.
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