¿Pensión en riesgo?: Lo que deben saber los afiliados sobre los nuevos decretos del Gobierno Nacional
Expertos advierten que los recientes cambios normativos podrían comprometer la estabilidad de las mesadas y dificultar el acceso a la renta vitalicia.
Noticias RCN
10:14 a. m.
El sistema pensional colombiano atraviesa uno de sus momentos más delicados en años recientes. Más allá de las discusiones sobre reformas estructurales, dos decretos expedidos por el Gobierno Nacional ya están generando efectos concretos en el bolsillo de miles de pensionados y afiliados a fondos privados.
Para Andrés Felipe Izquierdo Aguiar, gerente de Integral Soluciones Pensionales (ISP), el mayor problema no radica únicamente en el contenido técnico de las normas, sino en la falta de información clara para los ciudadanos.
Muchos pensionados están viendo reducciones en sus mesadas o riesgos sobre la garantía vitalicia de su pensión sin entender por qué está ocurriendo.
El riesgo del salario mínimo ya no lo asume la Nación
El primero de los cambios corresponde al Decreto 1485 de 2025, que modifica el mecanismo de “deslizamiento del salario mínimo” en las rentas vitalicias del Régimen de Ahorro Individual.
Desde 2015, cuando una pensión equivalía a un salario mínimo y el incremento anual de este superaba la inflación, la Nación asumía la diferencia. Esa medida protegía tanto a las aseguradoras como a los pensionados frente a aumentos políticos del salario mínimo.
Con la nueva disposición, esa cobertura cambia de manos. Ahora son las aseguradoras las que deben asumir mayores provisiones financieras al otorgar rentas vitalicias. En términos prácticos, ese mayor riesgo se traslada al afiliado.
Según Izquierdo, hoy un trabajador que no tenga al menos $530 millones de acumulados en su cuenta individual podría ver comprometida la posibilidad de acceder a una renta vitalicia.
Esto implica que más personas podrían permanecer en la modalidad de retiro programado, donde la mesada depende del comportamiento del mercado y no está garantizada de por vida.
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Menos inversión en el exterior, menor rentabilidad por decretos
El segundo decreto introduce límites progresivos a la inversión de los fondos de pensiones en el extranjero.
Actualmente, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) pueden destinar hasta el 50% del ahorro a mercados internacionales. La nueva norma plantea reducir ese porcentaje al 35% en tres años y al 30% en cinco.
En la última década, el ahorro pensional invertido fuera del país ha registrado un rendimiento promedio del 8,5%, frente al 3,7% de las inversiones locales. Para los expertos, restringir la diversificación podría traducirse en menores retornos y, por ende, en una acumulación más lenta del capital necesario para pensionarse.
Izquierdo sostiene que obligar a repatriar recursos limita la gestión técnica de los portafolios.
Repatriar de forma forzosa el ahorro pensional significa que los afiliados tendrán más dificultades para acumular el capital necesario para pensionarse.
En 2026 ya se han reportado casos de pensionados bajo retiro programado que han experimentado reducciones en sus mesadas frente a 2025, en algunos casos de hasta un 34%, asociadas a la desvalorización de los portafolios.
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¿A quiénes afectan los dos decretos del Gobierno Nacional?
Los más afectados por ambos decretos son los pensionados de fondos privados en modalidad de retiro programado, que representan cerca de 228 mil personas, equivalentes al 68 % de los pensionados de las AFP.
Este grupo enfrenta dos riesgos simultáneos: la falta de indexación garantizada al IPC y la creciente dificultad para migrar hacia una renta vitalicia que asegure el pago de por vida. En contraste, los pensionados de Colpensiones, que suman alrededor de 1,82 millones, no están impactados por estas disposiciones.
Frente a este escenario, existen mecanismos legales y administrativos. Uno de ellos es el proceso de reajuste de mesada pensional, especialmente para quienes llevan menos de tres años pensionados en fondos privados.
Basados en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, estos procesos buscan demostrar fallas en el deber de información durante la afiliación y permitir una eventual reliquidación.
También es posible solicitar recálculos administrativos cuando se presentan disminuciones significativas en la mesada, e incluso acudir a instancias judiciales si es necesario.
Estos decretos hacen aún más evidente la necesidad de que los pensionados conozcan su situación real y actúen a tiempo. Se trata de tomar decisiones informadas.
En un sistema donde cada punto porcentual de rentabilidad impacta el ingreso mensual de miles de hogares, entender las reglas del juego ya no es opcional, sino una condición para proteger la estabilidad económica en la vejez.
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