CIDH constató que Gobierno de Cuba tuvo responsabilidad en la muerte de los líderes políticos Oswaldo Payá y Harold Cepero

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató que el Gobierno de Cuba tuvo responsabilidad en la muerte de los líderes opositores políticos Oswaldo Payá y Harold Cepero.

La CIDH comenzó a evaluar el caso por la petición que le hizo el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy en donde se alegó la responsabilidad que tenía el Estado cubano por la muerte de, a quienes cataloga la Comisión, como disidentes políticos y defensores de derechos humanos.

Según recopila la Comisión, los políticos fueron sometidos a actos de violencia, hostigamientos, torturas, amenazas, atentados, entre otros hechos violentos. 

¿Cómo fallecieron los políticos?

Payá y Cepero fallecieron en el año 2012 después de que el vehículo en el que se movilizaban fuera embestido por otro auto que era conducido por el expolítico Ángel Carromero, quien fue procesado por los hechos. 

En medio de la investigación la familia de Payá denuncio que había antecedentes de que el político estaba siendo perseguido y estaban intentando amedrentarlo, esto por parte del Estado.

Según el informe de la CIDH, los hechos que rodearon la muerte de los líderes políticos estuvieron enmarcados en un contexto de persecución y represión estatal contra personas disidentes políticas en Cuba.

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“El Estado no aportó a la Comisión información detallada sobre la investigación seguida por la muerte de los señores Payá y Cepero”, informó la CIDH con relación al Gobierno de Cuba.

Gobierno de Cuba responsable de la muerte de los líderes

El informe recopiló los hechos e indicios que consideró la Comisión muy serios y relevantes los cuales permitieron concluir que agentes estatales tuvieron relación con la muerte de los políticos Paya y Cepero.

Entre los derechos que les fueron vulnerados a los políticos están el derecho a la vida, la libertad, la seguridad e integridad, la libertad de investigación, opinión, expresión y la protección a la honra y la reputación.

“Recae sobre el Estado la obligación de efectuar una investigación minuciosa, seria y diligente para determinar la veracidad o desvirtuar los indicios de participación de agentes estatales”, expresa el informe.

Y reitera la Comisión: “Resulta razonable otorgar valor probatorio a la serie de indicios que surgen del expediente sobre la participación de agentes estatales en estos hechos. Ello en tanto concluir lo contrario implicaría permitir al Estado ampararse en la negligencia e inefectividad de la investigación penal para sustraerse de su responsabilidad”.

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Entre otros hechos, la CIDH identificó irregularidades y omisiones en medio de la investigación de la muerte de los políticos, también determinó que las familias tampoco tuvieron mayor acceso a la justicia, a los informes de autopsia, ni a las diligencias de la investigación.

Finalmente, la CIDH instó a Cuba a reparar a las víctimas y familiares, a adelantar una investigación efectiva, a identificar los responsables de la muerte de los políticos y a establecer medidas que no permitan la repetición de los hechos.