EE.UU. sacaría a las Farc de su lista de terroristas en apoyo al acuerdo de paz

Este martes 23 de noviembre, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo en el que asegura que Estados Unidos retiraría a las Farc de la lista de terroristas, “en apoyo de un pacto de paz de cinco años”. 

Según el diario, “la administración Biden eliminará al grupo rebelde colombiano de una lista de organizaciones terroristas extranjeras, una medida que demostraría el apoyo estadounidense a un frágil acuerdo de paz con la guerrilla en Colombia”. Estas afirmaciones, dijo el medio, provendrían de funcionarios del Gobierno y del Congreso “con conocimiento del próximo anuncio”. 

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Al parecer, el anuncio por parte el Gobierno estadounidense se produciría este martes, en el marco de los cinco años de la firma del acuerdo de paz entre las Farc y el Gobierno colombiano.

La firma puso fin a 52 años de guerra interna en Colombia entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia (Farc). Las negociaciones se adelantaron entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, “con el apoyo de la entonces administración Obama”.

Esta noticia se conoce en medio de la polémica desatada por Rodrigo Granda Escobar, excombatiente de las Farc-EP y compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por estar involucrado en más de 9 mil hechos de secuestro en el marco del conflicto armado interno, tras referirse a las acusaciones de esclavitud y trabajos forzados, incluidas en el proceso contra exmilitantes del grupo armado.

Según Granda, los secuestrados participaban en trabajos del campamento por sentirse “aburridos” y no porque fuera una obligación. Además, aseguró que dichas calificaciones no han sido comprobadas y que son una herramienta de “manipulación”.

“Si alguna de las personas que estaban en ese momento en retención decía sentirse aburrida y quería participar en 'x' o 'y' trabajo del campamento, pues se permitía pero no es que fuera una obligación”, sostuvo.

Estas aseveraciones se dan en el marco del proceso iniciado por la JEP por solicitud de la Procuraduría General de la Nación, de acoger los conceptos de esclavitud y trabajos forzados como delitos de lesa humanidad perpetrados contra los secuestrados durante su periodo en cautiverio.

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