Human Rights Watch advierte que ataques de EE. UU. contra “narcolanchas” son ejecuciones extrajudiciales
La ONG recordó que los funcionarios encargados de verificar la legalidad de las operaciones militares de EE. UU. fueron removidos de su cargo en febrero.
Noticias RCN
07:39 p. m.
A propósito de la tensión generada entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Colombia, Gustavo Petro, por los resultados del país latino en la lucha contra el narcotráfico y los ataques contra embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico, la ONG Human Rights Watch advirtió que las 37 muertes registradas, de momento, constituyen ejecuciones extrajudiciales, que violan el derecho internacional humanitario.
En palabras de Sarah Yager, directora de la oficina de Washington de Human Rights Watch, “Las autoridades estadounidenses no pueden matar de forma sumaria a personas a las que acusan de traficar con drogas”, debido a que “el problema del narcotráfico hacia Estados Unidos no constituye un conflicto armado, y las autoridades estadounidenses no pueden eludir sus obligaciones de derechos humanos pretendiendo lo contrario”.
Estados Unidos estaría incumpliendo acuerdos que ha ratificado en los últimos años:
Desde la Human Rights Watch recordaron que Estados Unidos firmó y ratificó en el pasado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege el derecho a la vida.
Y, de acuerdo con “las normas del derecho internacional de los derechos humanos, quienes participan en tareas de seguridad, incluidas las fuerzas militares, deben actuar buscando siempre minimizar los daños y preservar la vida humana. Solo se puede recurrir al uso de la fuerza letal cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida o evitar lesiones graves ante una amenaza inminente”.
La organización reclama que en los ataques registrados: nueve, con corte al miércoles 22 de octubre, la administración Trump no ha intentado minimizar la perdida de vidas ni se ha interesado en alternativas no letales, como el resto de sus ocupantes.
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Funcionarios que verificaban la legalidad de las operaciones militares de EE. UU. fueron removidos:
Junto a la alerta emitida, Human Rights Watch recordó que “en febrero, la administración removió de sus funciones a altos oficiales del cuerpo jurídico militar —los denominados judge advocates, encargados de revisar la legalidad de las operaciones—en la toma de decisiones clave. Ese mismo mes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, firmó una directiva que redujo considerablemente la supervisión de los ataques aéreos y las operaciones especiales, otorgando a los comandantes mayor margen para autorizar el uso de la fuerza letal sin la revisión legal de varios niveles que antes era requerida”.
Dichas acciones habrían erosionado “las garantías legales e incrementado el riesgo de ataques ilegales, socavando la capacidad del ejército de cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”.
De ahí su llamado a que otros gobiernos condenen los ataques, como lo hizo en las últimas horas el presidente Petro: “En este tipo de maniobras, que nosotros creemos rompe el derecho internacional, Estados Unidos (...) está cometiendo ejecuciones extrajudiciales (…) Hay un uso desproporcionado de la fuerza que es castigado por el derecho internacional humanitario”.
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