¿Ley de alquileres para damnificados por terremotos en Venezuela dará luz verde a la expropiación?
La norma busca incorporar 200.000 viviendas al mercado de alquiler tras décadas de invasiones ilegales y desconfianza de propietarios.
AFP
08:51 a. m.
La Asamblea Nacional aprobó el viernes una nueva ley de arrendamientos destinada a atender a más de 23.800 damnificados por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, en un contexto donde la seguridad jurídica de los propietarios ha sido casi nula.
La Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Viviendas fue aprobada por unanimidad en sesión celebrada en una base militar de Caracas, informó el jefe parlamentario Jorge Rodríguez.
La aprobación de esta norma ocurre tras dos décadas de políticas chavistas que, según analistas y propietarios, desincentivaron el mercado de alquiler mediante vacíos legales que facilitaron ocupaciones ilegales de inmuebles.
Hay un número de hasta 200.000 viviendas en Venezuela que no están siendo alquiladas porque la gente las resguarda ante una norma muy regresiva.
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La expectativa ante una ley que podría promover nuevas invasiones
La parlamentaria oficialista América Pérez justificó la urgencia legislativa:
Miles de hogares quedaron bajo los escombros, que miles de familias quedaron sin un hogar digno y que esta ley responde directamente a esa necesidad.
Por su parte, el diputado Pedro Carreño afirmó que la norma busca dar “seguridad jurídica tanto al arrendador como al arrendatario".
Sin embargo, la histórica desconfianza persiste entre propietarios venezolanos que durante años enfrentaron invasiones de inmuebles y dificultades para recuperar sus propiedades.
La ley de alquileres será un hecho con la firma de Delcy Rodríguez
La presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien aún debe promulgar la ley, prometió entregar 4.000 viviendas para diciembre a los afectados y superar las 10.000 el próximo año, incorporando al mercado secundario de alquileres.
Rodríguez gobierna bajo presión internacional tras la captura del mandatario Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero.
El desafío principal será equilibrar la urgente necesidad habitacional de los damnificados con las garantías suficientes para que los propietarios confíen en el nuevo marco legal, en un país donde la protección de la propiedad privada ha sido tradicionalmente débil.
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