Así fue audiencia de solicitud de preclusión de la investigación contra Álvaro Uribe

La jueza 28 penal del circuito, Carmen Helena Ortiz, este martes empezó su determinación sobre si acepta la solicitud de la Fiscalía de preclusión del caso de Álvaro Uribe radicada en marzo. El próximo viernes 9 de abril continuará la audiencia.

En caso de avalarla, se dará por terminado el caso al considerar insuficientes los argumentos de las víctimas para revertir la decisión de primera instancia. El proceso contra el exmandatario será considerado como 'cosa juzgada'.

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Si la juez no acepta la preclusión, el ente investigador deberá reformular la solicitud de preclusión o emprender una investigación con el material testimonial y probatorio que actualmente tiene en su poder.

El caso

Todo empezó con las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, la cual fue por años propiedad de la familia Uribe Vélez fueron las que dieron inicio a uno de los procesos judiciales más importante de los últimos años.

En un video revelado por el senador Iván Cepeda en el 2012, Monsalve, quien es considerado como testigo estrella del caso, acusaba al expresidente Uribe y a su hermano de haber sido fundadores del llamado Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.

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En el 2014 el senador Cepeda puso nuevamente sobre la mesa este tema y denunció amenazas en su contra, en contra de Monsalve y su familia.

El expresidente Álvaro Uribe lo denunció por manipulación de testigos ante la Corte Suprema de Justicia y cuatro años después el rumbo de la investigación cambio, el alto tribunal determinó que no había evidencias para investigar al senador Cepeda.

Y por el contrario abrió una investigación en contra del exmandatario por presuntas presiones a los testigos que declararon en su contra.

La base de esta investigación eran los encuentros que habría tenido Diego Cadena, exabogado de Uribe, con estos testigos para presuntamente tratar de que cambiaran su versión. El exmandatario siempre ha sostenido que Cadena actuó por su propia cuenta.

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El expresidente Uribe se presentó ante la Corte Suprema de Justicia a rendir indagatoria. Dentro del proceso se practicaron una serie de pruebas.

Un año después, en una decisión histórica la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó privar de la libertad al expresidente Uribe para evitar que afectara el proceso. La decisión fue tumbada posteriormente por una jueza de garantías.

Uribe renunció a su curul en el Congreso y como ya no era aforado su caso quedó en manos de la Fiscalía, sin embargo, se consideró que la indagatoria que rindió ante la corte podía equipararse con una imputación de cargos.

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El caso quedó en manos de Gabriel Jaimes, fiscal coordinador delegado ante la Corte Suprema de Justicia quien, tras revisar los expedientes, practicar más de 25 entrevistas a testigos y analizar los elementos de prueba decidió solicitar la preclusión de la investigación.

El caso le correspondió por reparto a la juez 28 penal del circuito, Carmen Helena Ortiz quien hace unos días denunció haber sido víctima de injuria y calumnia, ahora será ella quien determine si acepta la solicitud de la Fiscalía.

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