ONU ha registrado 66 masacres con 255 muertes este 2020 en Colombia

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) registró 66 masacres en Colombia, con un resultado de 255 muertes y el asesinato de 120 defensores de los derechos humanos desde principios de 2020, por lo que pidió a las autoridades que tomen "medidas concretas para proteger a la población".

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La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, "condena la intensificación de la violencia perpetrada por grupos no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia, que tienen como objetivo a los campesinos, indígenas y afrocolombianos", según un comunicado de su oficina.

Según Bachelet, a ello hay que añadir el asesinato de 244 excombatientes de las extintas Farc desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre este grupo armado y el gobierno colombiano.

“Lamentablemente, después de décadas de conflicto armado, la violencia ha sido normalizada en Colombia, algo que nadie debería aceptar”, dijo Bachelet.

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Según su oficina, la comunidad indígena de los nasa se vio particularmente afectada, pues 66 de sus miembros fueron asesinados este año.

El asesinato del líder indígena Miguel Tapí Rito, el 3 de diciembre, obligó a unos 900 miembros de su comunidad a huir a un pueblo cercano, donde imploraron a las autoridades que los protegieran.

“Hago un llamado a las autoridades colombianas a tomar medidas más sólidas y mucho más efectivas para proteger a la población de esta horrenda violencia”, agregó. “Es deber del Estado estar presente en todo el país, implementando un amplio rango de políticas públicas integrales, no solo con medidas drásticas en contra de los responsables de la violencia, sino también brindando servicios básicos y salvaguardando los derechos fundamentales de la población”, añadió Bachelet.

En particular pidió el desmantelamiento de los grupos delictivos que tomaron el relevo de los distintos grupos paramilitares, tal como se estipula en el acuerdo de paz de 2016.

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También pidió investigaciones “rápidas, exhaustivas, imparciales, independientes y transparentes” sobre las acusaciones de violaciones de los derechos humanos, y afirmó que la Fiscalía General había hecho un buen trabajo pero que debía ir más allá.