Alerta por posible colapso en la salud carcelaria: más de 106 mil presos quedarían en riesgo
Al parecer, desmontarían el modelo actual y entregarían la atención de las PPL a una EPS con crisis financiera y operativa.
Noticias RCN
07:54 a. m.
Más de 106 mil personas privadas de la libertad podrían quedar expuestas a un grave riesgo en su atención en salud, luego de que se conociera la intención del Ministerio de Salud de reformular el modelo vigente y trasladar la responsabilidad a Nueva EPS, una entidad que enfrenta serias dificultades financieras y operativas.
La alerta fue elevada ante los organismos de control mediante quejas formales que advierten que esta decisión no solo desconoce los avances alcanzados, sino que podría derivar en afectaciones directas al derecho fundamental a la salud, la vida, la dignidad humana y la integridad personal de una población que se encuentra bajo custodia directa del Estado.
¿Qué pasará con la salud de los presos?
Según lo expuesto en los documentos, la atención en salud de la población privada de la libertad se presta actualmente a través del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad.
Este esquema reconoce la relación especial de sujeción que existe entre el Estado y las personas privadas de la libertad, lo que impide interrupciones, retrocesos o improvisaciones en la prestación del servicio.
En desarrollo de ese marco legal, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) adelantó un proceso de licitación pública para la administración del Fondo, que concluyó con la suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil No. 298 de 2025 con Fiduprevisora S.A..
Este contrato permite la contratación de prestadores de servicios de salud a nivel nacional, garantizando atención de baja, mediana y alta complejidad.
De acuerdo con las quejas, este modelo, pese a sus limitaciones estructurales, ha permitido avances verificables en la consolidación de redes de atención, rutas asistenciales, gestión del riesgo y coordinación interinstitucional, elementos claves para una población con condiciones particulares como la carcelaria.
Sin embargo, a partir de una propuesta del Ministerio de Salud, se aprobó iniciar la implementación de un nuevo modelo de atención bajo un operador único nacional.
¿Qué pasaría con el servicio de salud prestados a las personas privadas de la libertad?
La decisión, según lo denunciado, se habría adoptado sin estudios técnicos, jurídicos ni financieros suficientes, y sin un plan de transición que garantice la continuidad del servicio.
A esto se suma una orden aún más delicada: la terminación anticipada de los contratos vigentes que actualmente sostienen la prestación del servicio de salud en los centros de reclusión, pese a que dichos contratos fueron celebrados para garantizar precisamente la continuidad y estabilidad del sistema.
Uno de los puntos más críticos señalados en los documentos es que el nuevo modelo pretende trasladar la atención de la población privada de la libertad a Nueva EPS, una entidad promotora del régimen ordinario que no fue diseñada para atender las particularidades del sistema penitenciario y carcelario.
Según lo expuesto, el cambio se pretende ejecutar en un plazo inferior a dos meses, sin una transición responsable, lo que podría provocar interrupciones del servicio, regresividad en la atención, traumatismos operativos y una eventual responsabilidad estatal por la afectación de derechos fundamentales.
Las quejas también advierten que esta decisión invierte las prioridades del Estado, privilegiando primero la implementación de una política del Ministerio de Salud y dejando en segundo plano la garantía efectiva del derecho a la salud.
Ante este panorama, se solicitó a la Contraloría y a la Procuraduría una intervención preventiva, la revisión de las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo del Fondo, la evaluación del riesgo real y potencial sobre los derechos fundamentales de la población carcelaria y la adopción de medidas urgentes que eviten una afectación masiva en el sistema de salud penitenciario del país .
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