A juicio 11 militares por atentado de carro bomba a brigada del Ejército en Cúcuta

El pasado 15 de junio en Cúcuta un carro bomba le quitó la tranquilidad a la brigada 30 del Ejército. Ante la conmoción del atentado terrorista y los heridos en el aire quedaron varias preguntas sobre los precarios controles de seguridad al ingreso de la camioneta con el artefacto explosivo. 

La Procuraduría investigó a los funcionarios que tuvieron a cargo la seguridad y encontró varias pistas, que fueron determinantes para que el atentado terrorista se realizara. Noticias RCN conoció el pliego de cargos contra 11 militares de altos y medios rangos sobre los cuales recayó la responsabilidad de los controles que pudieron evitar el atentado.

“Una vez detonó la carga explosiva ingresada en el vehículo sin ser detectada a razón de la ausencia de una correcta inspección vehicular con la presencia de un canino”, dice el pliego de cargos.

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Así se desprende de las conclusiones, el documento que le cuestiona al coronel Orlando González, comandante del batallón que a pesar de que conocía las falacias en seguridad no tomó acciones, incluso con el conocimiento de posibles acciones terroristas.

“Contrarrestar, prevenir, detectar, neutralizar y mitigar las intenciones de grupos armados de Grupos Armados Organizados (GAO) de acuerdo con informaciones de inteligencia se vienen presentando”, adjudica el documento.

Según la investigación desde el 23 de enero, se tenía conocimiento de fallas y alertas por un posible atentando y no fueron escuchadas, según la Procuraduría, por los superiores.

En video quedó registrado cuando llegó la camioneta y la revisión fue precaria, no se tuvo un control adecuado para dicha unidad militar.

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“Sin que se dejara registro en libros de guardia, sobre el ingreso del vehículo, la identificación del conductor, el lugar de destino al interior del cantón”.

La decisión detalla el precario control a la llegada de la camioneta bomba, incluso el soldado que uno imaginaria para estos requisitos supremamente experimentado estaba prestando su servicio militar. “Sólo se encuentra el soldado regular Yáñez, quien para la época de los hechos llevaba prestando servicio militar desde el mes de enero de 2021, a quien no le correspondía ese tipo de labores tan importantes”, señaló el informe.

Con esta decisión los 11 militares son llamados a juicio verbal donde se enfrentan a sanciones que podrían incluso llegar a destitución, y una gran pregunta que deja queda en el ambiente ante esas fallas tan protuberantes con gente tan experimentada ¿hubo complicidad? La procuraduría tiene la última palabra.