Condenan a exfiscal que habría simulado un proceso para evitar la extradición de presunto narcotraficante
Su participación en “un entramado ilegal” habría permitido al extraditable bloquear su traslado a los Estados Unidos.
Noticias RCN
11:03 a. m.
El Tribunal Superior de Popayán condenó a la exfiscal de El Tambo, Cauca, María del Socorro Fernández Chávez, por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal.
De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía, cuando Fernández Chávez seguía en funciones “participó en un entramado ilegal que favoreció a un ciudadano colombiano pedido en extradición por una corte distrital de Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico transnacional de estupefacientes”.
En concreto, abrió un proceso judicial en su contra por el delito de rebelión, argumentando supuestos nexos con un grupo armado ilegal, para que él pudiera interponer una tutela, amparado en su derecho a no ser doblemente incriminado, y lograra zafarse de la extradición, luego de que el Gobierno diera su aval para enviarlo a los Estados Unidos, en mayo de 2016.
La Fiscalía encontró otras irregularidades en el caso por supuesta rebelión:
En el caso contra Fernández Chávez, la Fiscalía advirtió que se conocieron presuntas irregularidades y omisiones durante el caso por supuesta rebelión que adelantaba contra el extraditable:
“Se conoció que omitió reportes sobre una notificación roja de Interpol e incorporó documentación de arraigo con inconsistencias, firmas y otros elementos falsos. A esto se suma que la grabación de la audiencia de imputación desapareció y, pese a que un juzgado ordenó repetir la diligencia para garantizar su registro audiovisual, la exfiscal se opuso”.
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La condena en contra de Fernández Chávez:
Es claro, sin embargo, que el acusado aceptó los cargos; lo qué, sumado a la acción de tutela, le permitió bloquear el trámite de extradición y evadir durante un tiempo a la justicia estadounidense. Por tanto:
“Socorro Fernández Chávez, además de cumplir la pena en centro carcelario, deberá pagar una multa equivalente a 294 salarios mínimos legales mensuales vigentes (que equivalen a 514 millones de pesos) y cumplir una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 104 meses (más de ocho años)”.
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