¿Cuáles han sido las reacciones a la propuesta de recortar $100.000 millones del presupuesto de la JEP?
El senador plantea trasladar esos recursos al Consejo Superior de la Judicatura para crear nuevos despachos y formalizar cargos.
Valentina Bernal
07:05 p. m.
Una nueva controversia se abrió alrededor del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) luego de que el senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, propusiera trasladar $100.000 millones de los recursos destinados a este tribunal hacia la Rama Judicial.
La iniciativa fue presentada en el marco de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027 y plantea que el dinero sea destinado al Consejo Superior de la Judicatura, principalmente para la creación de nuevos despachos y la formalización de cargos judiciales.
El traslado todavía no está aprobado y requiere avanzar en el trámite presupuestal en el Congreso.
¿Por qué Enrique Gómez quiere reducir el presupuesto de la JEP?
En entrevista, el senador cuestionó el funcionamiento y los resultados de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Gómez aseguró que la JEP cuenta con un presupuesto anual cercano a los $813.000 millones y criticó el número de funcionarios y contratistas que, según sus afirmaciones, tiene actualmente la entidad.
También cuestionó los resultados que atribuye al tribunal y aseguró que existe una diferencia entre los recursos destinados a la JEP y la situación que atraviesa la justicia ordinaria.
Uno de sus principales argumentos es el rezago de procesos en la justicia ordinaria. Según el congresista, existen alrededor de 2,2 millones de procesos represados, mientras persisten necesidades de recursos para crear nuevos despachos y cargos judiciales.
Por eso, sostiene que los $100.000 millones permitirían generar un alivio, aunque sea parcial, para los jueces del país.
El senador también cuestionó el crecimiento de la planta
Gómez afirmó que la planta de personal de la JEP habría aumentado aproximadamente un 9 % anual durante siete años y cuestionó la existencia de alrededor de 1.200 contratos de prestación de servicios.
El senador calificó esta estructura como una “nómina paralela” y sostuvo que parte de esos recursos podría utilizarse para atender las necesidades de la justicia ordinaria.
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Además, cuestionó los resultados de la JEP frente a los comparecientes de las antiguas FARC y mencionó cifras relacionadas con procesos, sentencias y situaciones jurídicas.
Estas afirmaciones corresponden a los argumentos expuestos por el congresista para sustentar su proposición.
La JEP rechaza el recorte
La propuesta generó una respuesta inmediata del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien rechazó el traslado de recursos.
Ramelli sostuvo que la reducción afectaría directamente el funcionamiento del tribunal y advirtió que la iniciativa pone en riesgo las garantías de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes.
La JEP también señaló que el proyecto de presupuesto para 2027 contempla actualmente $161.271 millones para determinados gastos de funcionamiento y que el recorte planteado tendría un impacto significativo sobre ese rubro.
Desde el tribunal también se ha advertido que la entidad ya enfrenta una brecha presupuestal y que necesita recursos para cumplir con las funciones que le fueron asignadas.
¿Qué respondió Enrique Gómez a la JEP?
Ante las críticas de Ramelli, Gómez defendió nuevamente su iniciativa y sostuvo que los recursos públicos pertenecen a los contribuyentes y deben responder a las necesidades del Estado.
El senador insistió en que la JEP debe revisar sus gastos y planteó que algunos rubros, como arrendamientos, viajes, viáticos y contratos de prestación de servicios, podrían reducirse.
También sostuvo que las salas de la JEP tienen un periodo previsto hasta marzo de 2028 y planteó que, desde su perspectiva, algunos de sus componentes deberían desmontarse progresivamente.
La propuesta también tiene respaldo del Gobierno
El presidente Abelardo De La Espriella ya expresó públicamente su respaldo a la iniciativa del senador.
Gómez señaló que ese apoyo será importante para que la propuesta avance y espera que también cuente con el aval correspondiente del Ministerio de Hacienda durante la discusión presupuestal.
Sin embargo, el respaldo presidencial no significa que el traslado de los $100.000 millones ya esté aprobado. La iniciativa todavía debe superar el trámite correspondiente en el Congreso.
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