Defensa de Epa Colombia insiste con tutela ante la Corte Constitucional para lograr su libertad
El equipo jurídico de Epa Colombia agotó la última instancia en la Corte Constitucional para intentar revertir la decisión en su contra.
Noticias RCN
04:15 p. m.
Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, se encuentra pagando su condena de cinco años y dos meses tras los actos vandálicos que cometió en el 2019.
¿Qué pasó con la defensa de Epa Colombia?
La empresaria de Keratinas se encuentra en la Escuela de Carabineros de la Policía, luego de estar en la cárcel de El Buen Pastor. Enfrenta cargos por instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación en servicio colectivo y daño en bien ajeno.
Recientemente, la defensa de Barrera, presentó una petición ante la Corte Constitucional para que estudie la posibilidad de sacarla de prisión.
Este delito no corresponde al actuar reprochado a la accionante, pues la infracción que cometió y por la cual ha manifestado públicamente su arrepentimiento, corresponde al daño en bien ajeno agravado el cual condujo a la perturbación en servicio de transporte público, actividades a las que, de ninguna manera podían dárseles un alcance terrorista, afirmó el documento presentado a la Corte Constitucional.
Esto justifica que los hechos cometidos del 2019 no encajan con los actos vandálicos de la creadora de contenido y que habría podido acceder a la prisión domiciliaria.
Además de ello, la tutela denuncia un "defecto procedimental", ya que Epa aceptó los cargos el 10 de diciembre de 2019, sin un soporte jurídico suficiente. Es por ello, que su condena se agravó a lo que correspondía.
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¿La Corte Constitucional ya había negado las tutelas de Epa Colombia?
Desde el 24 de abril, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema había negado la tutela al argumentar que el fallo "contaba con la argumentación suficiente para arribar a las conclusiones adoptadas"
La sentencia de tutela de primera instancia no estudió los argumentos esgrimidos en la aclaración parcial de voto frente a la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, simplemente se limitó a señalar que los salvamentos y aclaraciones de voto carecían de fuerza vinculante", agregó el documento presentado a la Corte Constitucional.
El 10 de junio de 2025, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, confirmó el fallo de segunda sentencia. Tras esa decisión, el abogado Víctor Mosquera, acudió a la Corte Constitucional para solicitar que se revisara la tutela mediante un análisis exhaustivo.
"Este caso representa un tema novedoso frente al cual la Corte Constitucional tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre los hechos que rodearon la condena de mi defendida, el estallido social, la configuración de conductas vandálicas y su clara diferenciación con las conductas terroristas, entre otros aspectos", detalló el documento.
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