Acciones innegables, pero insuficientes: Defensoría sobre papel del Estado tras la tragedia de Armero
40 años han pasado desde la mayor tragedia en la historia de Colombia: el día que Armero desapareció.
Noticias RCN
08:10 a. m.
La Defensoría del Pueblo dio a conocer el informe ‘Armero: ¿40 años de vulneración de derechos? Memoria y lecciones para la gestión del riesgo de desastres en Colombia’.
Se cumplen cuatro décadas de la tragedia de Armero. La erupción del volcán Nevado del Ruiz aquella noche del 13 de noviembre de 1985 se llevó todo a su paso. Casas, carreteras, tiendas y vidas. El municipio quedó en ruinas.
Reparación a las víctimas sigue en duda tras cuatro décadas
Conmemorando los 40 años, el informe de la Defensoría hace duros cuestionamientos al Estado sobre su responsabilidad, tanto antes como después de la tragedia.
Para la entidad, la respuesta que el Estado es innegable, pero insuficiente. Las acciones entonces las calificó como fragmentadas, discontinuas y sin una robusta articulación. Por eso, el llamado sigue siendo a darle las mejores garantías a las víctimas.
La recomendación entonces que hace la Defensoría también se enfoca en mejorar la gestión del riesgo de desastres para no repetir una trágica historia. Para las víctimas de Armero, debe hacer restitución de tierras (no solamente con políticas de subsidios), censos, conocer las condiciones de vulnerabilidad, impulsar la búsqueda de menores desaparecidos y apoyarse en la tecnología.
¿Cuántos muertos y desplazados dejó la tragedia?
Cifras oficiales apuntan que hubo 25 mil muertos, más de ocho mil sobrevivientes desplazados y 500 menores perdidos o separados de sus seres queridos. Se calcula que hubo 10 mil predios destruidos.
La Defensoría cuestionó que, a pesar de tantos años, a las víctimas no les han restablecido sus derechos (acceso a pensión, vivienda o servicios públicos, por ejemplo). A nivel macro, hubo afectaciones en la economía agrícola, comercios, salud mental, desarraigo, pérdida de memoria cultural y demás situaciones de vulnerabilidad.
“Las omisiones en la prevención del riesgo volcánico, la falta de reparación y la débil respuesta institucional configuraron violaciones sostenidas a derechos humanos y fundamentales”, sostuvo la defensora Iris Marín.
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