Director de la UNP: "No podemos quitar protección a líderes sociales para políticos"
Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, habló tras la muerte de Miguel Uribe y el atentado contra Julio César Triana.
Noticias RCN
01:56 p. m.
En medio de un clima de tensión por el asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, así como el atentado contra el representante Julio César Triana, la seguridad de los aspirantes vuelve a ser tema central.
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, lanzó un mensaje contundente: la flota de vehículos es limitada y no se puede restar protección a líderes sociales para cubrir las demandas de los políticos.
Rodríguez subrayó que la asignación de protección depende del nivel de amenaza y que los beneficiarios deben comprometerse a un manejo eficiente de los recursos disponibles.
Nosotros tenemos que garantizar la seguridad de todos los candidatos y candidatas, pero también pedimos un compromiso de ellos en el buen manejo de las medidas. La flota de vehículos es limitada. No podemos quitarle a los líderes sociales para cubrir a los políticos. La protección se hace en virtud del riesgo.
Incremento en las solicitudes de protección para las elecciones de 2026
Rodríguez advirtió que en algunos casos los recursos no se usan de manera adecuada. Mencionó que hay beneficiarios con varios vehículos en su esquema que no coordinan desplazamientos con anticipación, generando un uso ineficiente de la flota. “No es mover el dedo e inmediatamente aparecen los vehículos”, recalcó.
La UNP reporta que 47 precandidatos presidenciales ya cuentan con esquemas de seguridad y se esperan tres más, lo que elevaría el total a 50. Además, ya están en evaluación varios aspirantes al Congreso, lo que refleja un aumento de solicitudes por el contexto de amenazas y antecedentes de ataques en campañas anteriores.
La coyuntura obliga a la UNP a priorizar los casos con base en el riesgo real. Esto significa que, aunque la protección de los candidatos es un deber, también lo es garantizar la seguridad de líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades en zonas afectadas por la violencia.
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