¿El Gobierno puede dialogar con los criminales urbanos de Medellín? Las dudas sobre la paz total
El levantamiento de las órdenes de captura ha sacado a la luz algunos vacíos en torno a la polémica decisión.
Noticias RCN
03:01 p. m.
La resolución de la Fiscalía que suspende 23 órdenes de captura contra miembros de estructuras criminales de alto impacto en Antioquia ha desatado una ola de cuestionamientos sobre los efectos que tendrá y la fundamentación.
La medida está basada bajo la política de paz total del Gobierno, pero se pone en marcha cuando el Congreso aún no ha establecido un marco jurídico específico para negociar con los grupos.
¿Los criminales tienen vocación de paz?
Analistas coinciden en que el Gobierno estaría aplicando los mismos fundamentos usados para negociar con grupos armados. Es decir, no estaría distinguiendo si se trata de violencias urbanas o vinculadas al conflicto armado.
El documento con el levantamiento de las órdenes incluye elementos que han generado eco, tales como las garantías de no reincidencia. Se establece, entonces, que el comportamiento esperado de las personas beneficiadas con la suspensión de la orden de captura debería ser indicador permanente de su vocación de paz.
“Tiene como objetivo facilitar que el beneficiario de la medida temporal pueda concurrir sin temores al sitio donde se adelante las negociaciones”, apunta el texto. Es importante recordar que los 23 delincuentes más peligrosos de Medellín beneficiados con esta medida participaron en la instalación de la mesa de negociación con la senadora Isabel Zuleta y distintas autoridades en 2023.
Criminales estuvieron presentes en el ‘tarimazo’
Sumado a ello, protagonizaron el polémico episodio conocido como ‘tarimazo’ con el presidente Gustavo Petro, evento en el que alias Douglas le dio la mano al mandatario.
En la historia, las mesas de diálogo se han establecido con grupos que poseen estatus político. Sin embargo, la interpretación sobre la paz total ha modificado este paradigma, permitiendo incluir a organizaciones criminales urbanas sin que exista un marco legal aprobado por el legislativo que sea regulador.

