“Esperamos que el Gobierno proteja el derecho al trabajo”: presidente de la SAC sobre invasión de tierras

La invasión a tierras privadas en distintas zonas del país y el incumplimiento por parte de las comunidades indígenas a ultimátum entregado por el Gobierno Nacional para el desalojo, continúa generando incertidumbre entre los sectores productores que se han visto afectados por este hecho.

Cauca, Valle del Cauca, Cesar y Huila han sido algunos de los departamentos afectados por esta práctica, denominada por las comunidades como una “liberación de la madre tierra”, y señalada por el Gobierno, organizaciones y gremios como una violación a la propiedad privada.

Anteriormente, la ministra de Agricultura, Cecilia López, hizo un contundente llamado a los invasores para desalojar las tierras en un lapso de 48 horas, asegurando que el mensaje sobre las tierras improductivas había sido “malinterpretado”, y que se debía respetar la ley y la Constitución.

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Por su parte, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, habló con La FM sobre el sentimiento que hay en los sectores agropecuarios por la difícil situación que se vive, principalmente, en el norte de Cauca.

Al respecto, Bedoya expresó que “se siente ansiedad, expectativa, confusión” pues, aunque fue bien recibido el anuncio del Gobierno Nacional, los productores y dueños de las tierras se mantienen con temor de los que pueda suceder y de las acciones que se tomen para hacer cumplir la orden de desalojo.

Frente al tema de las 48 horas, aunque es un término legal, hay que ver para creer. Y como lo decía el director de la Policía, esto no es solamente el desalojo, porque aquí se está violando la ley de seguridad ciudadana y el artículo de avasallamiento de tierras. Entonces la gente tiene temor, esto tiene que ser con hechos para que no se presenten más invasiones a la tierra.

Asimismo, Bedoya insistió en que los derechos al trabajo y a la propiedad privada deben ser respetados y protegidos por el Estado, que es el principal responsable de resolver la situación de tierras que enfrenta en país.

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“¿Qué pasa con el derecho a la propiedad privada, el derecho al trabajo y esa vulneración? La labor de judicialización debería permitir un sistema de denuncia por parte de los ciudadanos que se afectan, porque si no, lo que va a ocurrir es que se pasan por la faja la Constitución y la ley”, agregó el presidente de la SAC.

Bedoya fue enfático al afirmar que el diálogo no se busca “a punta de invasiones de tierra” y que, aunque se debe resolver el problema de titulación de tierras en el marco de la legalidad, también se debe dejar claridad de cómo se hará velando por el derecho al trabajo y a la propiedad privada adquirida legítimamente.

En contexto

De cara a la reforma rural y agraria que se convirtió en una de las piezas claves para el nuevo Gobierno, una nueva ola de invasiones a predios privados sembró la incertidumbre entre productores y empresarios en distintas partes del país.

Como resultado, el Gobierno Nacional emitió un ultimátum de 48 horas, plazo en el que las comunidades indígenas debían desalojar las tierras ocupadas para poder iniciar un diálogo en el marco de la legalidad, con el que se plantearían soluciones a este histórico problema.

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No obstante, las comunidades no han cumplido con esta orden estatal, pues bajo su mirada no se trata de invasiones, sino de una “liberación de la madre tierra” de lo que ellos consideran “monocultivos que hacen daño al medio ambiente”.

En consecuencia, Bedoya señaló que, aunque están de acuerdo con la idea de que se debe hacer una titulación de tierras para quienes no tienen nada, esto debe llevarse a cabo en el marco de la legalidad.

Este Gobierno se ha comprometido con muchos temas, y lo que esperamos es que actúen de manera decidida para proteger el derecho al trabajo.