Eva Ferrer habría solicitado a Ecopetrol $7.000 millones para la publicación de un libro
Según la información, en 2025 solicitó 7.000 millones de pesos para publicar el libro Colombia más allá de la memoria, propuesta que fue rechazada.
Noticias RCN
08:38 p. m.
El Termómetro Político conoció documentos internos que apuntan a que Eva Ferrer, exasesora de la exprimera dama Verónica Alcocer, habría intentado gestionar un millonario financiamiento de recursos públicos para proyectos ajenos a la misión de Ecopetrol.
Según la información, en 2025 solicitó 7.000 millones de pesos para publicar el libro Colombia más allá de la memoria, propuesta que fue rechazada por la jefatura de comunicaciones externas de la entidad.
Correos electrónicos obtenidos por el medio muestran que Marcela Ulloa, responsable de esa área, advirtió a Ferrer y a los jurídicos de la compañía que el patrocinio era “prohibido” y podría constituir una irregularidad.
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Además, señaló que el costo del proyecto representaba el 90% del presupuesto anual destinado a publicidad. En un mensaje fechado en julio de 2025, Ulloa enfatizó: “claramente advierto que no veo conveniente ni procedente ni justificado el patrocinio de los libros”.
Denuncia de presiones y acoso laboral
El caso tomó un giro más delicado cuando Ulloa denunció, a través de los conductos internos de Ecopetrol, que su negativa a financiar el proyecto le generó presiones, persecución, amenazas y acoso laboral.
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En su declaración también expuso su situación personal: padece una enfermedad crónica y es madre cabeza de familia de dos niñas, una de ellas en rehabilitación por epilepsia focal.
Despido sorpresivo y dudas sobre el trasfondo
En las últimas horas, la funcionaria recibió la notificación de su despido. La carta señala la decisión de “dar por terminado unilateralmente y sin justa causa el contrato”.
Para algunos observadores, este hecho podría estar relacionado con un intento de evitar que el nuevo gobierno conozca detalles del episodio sobre el posible uso irregular de recursos en Ecopetrol.
El caso abre interrogantes sobre la transparencia en el manejo de presupuestos de la estatal y sobre la protección de quienes denuncian presuntas irregularidades.
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