Gobierno Nacional objetó el proyecto de ley que prohibía modificaciones a manuales de funciones
El Ejecutivo argumentó que considera que existe una invasión de competencias legislativa.
Noticias RCN
05:47 p. m.
A través de un documento, la Presidencia objetó formalmente un proyecto de ley del Centro Democrático que pretendía prohibir las modificaciones a los manuales de funciones para el nombramiento de funcionarios públicos en cargos directivos.
El Gobierno Nacional declaró como inconstitucional la iniciativa argumentando que el proyecto interfiere con las facultades del Poder Ejecutivo.
El Gobierno Nacional respetuosamente se permite objetar, por razones de inconstitucionalidad o de inconveniencia, el proyecto de ley, por la cual se prohíbe la disminución de los requisitos mínimos para acceder a cargos del nivel directivo en el sector público.
Las razones del Gobierno Nacional para objetar la ley de los manuales de funciones
De acuerdo con el documento de la Presidencia, existen tres razones fundamentales para la objeción:
- Invasión de competencias del Ejecutivo
- Petrificación legislativa
- Vaciamiento de la potestad reglamentaria
La Presidencia sostiene que ya existe un marco regulatorio suficiente para definir los nombramientos en el sector público.
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Lo que busca la ley de los manuales de funciones
El proyecto de ley surgió como respuesta a polémicas que surgieron durante el gobierno de Gustavo Petro respecto al nombramiento en distintas entidades públicas de personas que no cuentan con la formación académica requerida para los cargos que ocupan.
El Centro Democrático buscaba establecer controles más estrictos para evitar estas situaciones.
El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, defendió la iniciativa legislativa:
Lo que pedimos es que haya una mayor diligencia en el momento en que se considere que es necesario bajar el requisito de algún perfil del Gobierno Nacional. Contar con la armonía y participación de otros entes del Estado no es inconstitucionalidad.
Uno de los puntos centrales del debate es el papel de la Sala de Servicios Civil del Consejo de Estado en estos nombramientos, aspecto que ha generado enfrentamientos entre el Centro Democrático y el gobierno de Abelardo de la Espriella.
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