Informe del Gobierno prende las alarmas por 382 predios de la SAE: solo cinco estarían en regla
El Gobierno también estudia la Ley de Justicia y Paz como referente para una nueva norma de sometimiento.
Maritza Aristizábal
08:46 p. m.
La administración de bienes provenientes de procesos de extinción de dominio vuelve a estar bajo la lupa. Un informe interno del Ministerio de Agricultura, conocido por Noticias RCN, señalaría presuntas irregularidades en el manejo de predios que habrían sido referidos a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
El documento pone el foco en 382 predios que habrían sido entregados o referidos a la ANT para cumplir con los objetivos relacionados con el acceso y distribución de tierras. Sin embargo, de ese total, solo cinco tendrían escrituras públicas debidamente registradas, de acuerdo con la información conocida por este medio.
La cifra representa menos del 2% del total de predios mencionados en el informe.
La situación no constituye por sí misma una prueba de corrupción, pero sí plantea interrogantes sobre el estado jurídico y administrativo de esos bienes y sobre la capacidad de las entidades para hacer efectivo su destino.
Informe del Gobierno prende las alarmas por 382 predios de la SAE
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) administra bienes que han sido objeto de procesos de extinción de dominio, muchos de ellos provenientes de actividades ilícitas. Una parte de estos activos puede ser destinada a diferentes fines estatales.
En este caso, el informe interno conocido por Noticias RCN señala que de los 382 predios referidos a la ANT, únicamente cinco contarían con escrituras públicas debidamente registradas.
Esto significa que la gran mayoría de los predios incluidos en el proceso no tendría, según el documento, la misma condición jurídica que permitiría avanzar de manera efectiva hacia su utilización.
La Agencia Nacional de Tierras tiene entre sus funciones administrar y disponer de predios rurales de propiedad de la Nación y ejecutar políticas relacionadas con el acceso y ordenamiento de la propiedad rural.
Además, la propia ANT ha informado anteriormente sobre procesos de adquisición y adjudicación de predios provenientes de bienes administrados por la SAE para beneficiar a organizaciones campesinas y población rural.
El documento cuestiona la gestión de estos bienes
De acuerdo con la información conocida por Noticias RCN, el hallazgo generaría cuestionamientos sobre la eficiencia con la que se han administrado estos activos.
El punto central está en que referir un predio a la ANT no necesariamente significa que esté listo para ser utilizado o adjudicado. Para que un inmueble pueda avanzar dentro de estos procesos se requiere que su situación jurídica y registral permita materializar la operación.
Por eso, el hecho de que solo cinco de los 382 predios señalados tengan escrituras registradas abre preguntas sobre qué ocurrió con los demás bienes, en qué estado se encuentran y cuáles son las razones por las que no se habría completado su formalización.
Gobierno estudia la Ley de Justicia y Paz para una nueva norma de sometimiento
La segunda información que llega desde el escenario político tiene que ver con la propuesta del Gobierno para establecer un marco de sometimiento de estructuras criminales.
El Ministerio de Justicia estudia experiencias anteriores, entre ellas la Ley de Justicia y Paz, como uno de los referentes para la discusión de un nuevo mecanismo.
La experiencia de Justicia y Paz ya ha sido mencionada durante las discusiones sobre mecanismos de sometimiento. De hecho, el Gobierno ha señalado anteriormente que el proyecto de ley recoge aprendizajes de procesos anteriores, incluida esa legislación y el Acuerdo de La Habana.
La discusión gira alrededor de una pregunta clave: qué beneficios jurídicos podrían recibir los integrantes de estructuras criminales que decidan someterse a la justicia y bajo qué condiciones.
El tema no es nuevo. En 2025 el Gobierno presentó un proyecto relacionado con el sometimiento de estructuras criminales y recibió observaciones de distintas instituciones, entre ellas la Corte Suprema y la Defensoría del Pueblo.
Jaime Felipe Lozada, otro nombre que aparece en el escenario electoral
Finalmente, en el panorama político regional aparece el nombre de Jaime Felipe Losada Polanco, exrepresentante a la Cámara por el Huila.
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De acuerdo con la información divulgada en el Termómetro Político, Lozada habría sostenido acercamientos con las directivas de Defensores de la Patria y sería considerado como posible candidato de esa colectividad a la Gobernación del Huila para las elecciones regionales de 2027.
Por ahora, esta información debe entenderse como una aspiración o posible candidatura, y no como una inscripción oficial ante las autoridades electorales.
Lozada ya cuenta con trayectoria política en el Huila. Fue representante a la Cámara por ese departamento y en años anteriores ha aparecido mencionado entre los posibles aspirantes a distintos cargos de elección popular.
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